Como la peor quiebra financiera en la historia del país. De este modo calificó el abogado Sergio Artavia la quiebra del Grupo Aldesa y es que la jueza concursal Jennifer Arroyo Chacón finalmente decidió acoger la solicitud de liquidación.
Una agonía que comenzó para los inversionistas desde el 2019 llega a su fin con esta decisión, sin embargo, con ella también muere la esperanza de recuperar el dinero para cientos de personas.
Se trata de los ahorros de toda la vida de muchos adultos mayores, que si bien es cierto en algunos casos son de posición acomodada, otros no y lo consideraron como un complemento a su pensión.
La decisión no solo golpea a grupos de poder que hoy pierden millones, también a personas que dieron la prima para una casa y que ahora nunca la tendrán y 27 mil trabajadores que tampoco verán su ahorro solidarista.
Artavia manifestó que el principal efecto de la decisión de la jueza es que se extingue la sociedad, es decir, no puede seguir operando a pesar de que Aldesa apele la decisión. “Se extingue como persona jurídica, es una norma a la inversa como se conoce en materia concursal”, dijo.
Lo que queda ahora es que se nombre a un liquidador, del mismo modo que se ocupa designar a un curador, tal y como lo informó DIARIO EXTRA en su edición de este viernes.
“De aquí no hay marcha atrás. Se confirma la quiebra técnica financiera del Grupo Aldesa y con ello se reduce la posibilidad de recuperación para los inversionistas”, precisó.
¿QUIÉNES PODRÁN
RECLAMAR PRIMERO?
Tal y como lo establece la Ley, los primeros en recibir el pago si es que hay algo que recuperar, sería aquellos que tienen garantía real, prendaria o hipotecaria.
Luego seguiría el Estado (se supo que el Ministerio de Hacienda se legalizó como acreedor), las cuotas condominales, impuestos no, excepto que sean aduanales y por último están los trabajadores e inversionistas.
“No hay una quiebra financiera más alta en la historia del país, estamos hablando de más de $200 millones, ninguna ha sobrepasado el 20% de eso”, señaló Artavia. La deuda superaría a los 600 inversionistas.
Estas personas por años recibieron altos intereses por sus inversiones y nunca pusieron en duda la operación debido a que Aldesa Corporación de Inversiones era presidida por Javier Chaves, exministro de Transportes, casado con la prestigiosa economista y exministra de Coordinación Económica de la administración de Carlos Alvarado, Edna Camacho.
A la fecha Chaves enfrenta varias demandas penales por estafa y administración fraudulenta, cuya investigación según el fiscal general a.i., Warner Molina, camina a buen ritmo.
Por este caso también está denunciada y esperando una vista preliminar la actual Superintendente General de Valores (Sugeval), María Lucía Fernández, y cinco de sus manos derechas. El Consejo Nacional de Supervisión Financiero ha dicho que la reguladora no será removida.
Para el fiscal Molina es claro que la Sugeval no hizo su trabajo y es la hipótesis que prevalece en el Ministerio Público.
ALARGARLO VA EN
PERJUICIO DE LOS
ACREEDORES
DIARIO EXTRA cuenta con copia de la sentencia N°2022000190 del juzgado concursal emitida este viernes en relación a la solicitud de insubsistencia de convenio preventivo que pidió el inversionista de Monte del Barco, Ronny García González, en su condición de apoderado especial judicial de una mujer de apellidos González Aguilar y Osmunda de Flora Fernández, en contra del convenio preventivo promovido por Aldesa.
Uno de los razonamientos de la jueza fue que, en un proceso de convenio preventivo, en el cual compete al deudor proponer en el momento procesal respectivo una solución a su crisis patrimonial, se prevé la posibilidad de decretar la insubsistencia del proceso cuando se evidencia que la parte deudora no está materialmente capacitada para enfrentar el convenio propuesto.
“El criterio del Tribunal superior citado aplica totalmente al presente caso, en donde, no hay propuestas acordes a la realidad financiera y económica del grupo de interés económico Aldesa que discutir, por lo tanto, es obligación de este juzgado proceder a declarar su insubsistencia y evitar que el mismo se postergue indefinidamente, nótese que ya lleva tres años en el mismo estado procesal”, resolvió la jueza.
Aseguró que el juzgado concursal debe procurar el equilibrio entre los derechos de las partes promovente y de sus acreedores y ello implica que no puede permitir que un convenio preventivo con pocas posibilidades de cumplimiento se mantenga en perjuicio de los acreedores y al constatar que las propuestas realizadas en el convenio preventivo son de imposible cumplimiento por parte de la promovente, está en la obligación de declarar su insubsistencia y ordenar la apertura del concurso en etapa liquidatoria.
\”No es acertado sostener que un convenio preventivo debe seguir, por la sola posibilidad genérica de realizar nuevas negociaciones con acreedores para obtener un resultado fructífero que evite la liquidación forzada. Resulta innecesario convocar a todas las partes apersonadas a este proceso –que corresponde a una cifra bastante voluminosa- cuando resulta notorio que dicho convenio no puede ser cumplido por la parte promovente, y a la fecha de esta resolución no ha planteado ninguna otra alternativa y propuesta, ello sería en una extensión innecesaria del convenio preventivo”, concluyó la jueza.
OPINAN
Sergio Artavia
Abogado experto
“De aquí no hay marcha atrás. Se confirma la quiebra técnica financiera del Grupo Aldesa y con ello se reduce la posibilidad de recuperación para los inversionistas”.
Ronny García
Abogado de inversionista
“Me parece una muy buena resolución. Aldesa nunca ha estado en condiciones de enfrentar un convenio. Tardaron un año para resolverlo, para mí nada se puede recuperar, ahí no hay plata ni para los gastos”.
Flora Fernández
Inversionista
“Queremos solicitar que la misma sea declarada fraudulenta o dolosa para que todos los responsables de todas las juntas directivas que hicieron Javier y Óscar Chaves tengan que responder penalmente por todo lo actuado”.