Alcaldía de San José cobraría “tributo” a locales que quieran seguridad

Tener que pagar de más para poder contar con seguridad municipal en su hogar, comercio o local podría volverse una realidad para los vecinos del distrito El Carmen, en San José, tras una propuesta de la Alcaldía de la capital.

Según consta en una moción presentada ante la Comisión de Hacendarios, el gobierno local pretende generar un “tributo” a los vecinos de los barrios Amón, Aranjuez, La California, El Empalme, Escalante y Otoya, todo esto con el objetivo de financiar la Policía Municipal en la zona.

El documento señala que se aprobaría una “creación de la Tasa de Policía Municipal del cantón central de San José, destinada a financiar el cuerpo de Policía Municipal”; sin embargo, esta sería implementada “de manera gradual y progresiva en el cantón, iniciando única y exclusivamente en el distrito Carmen”.

Los cálculos municipales arrojan que dicho cuerpo de seguridad le genera un costo de ¢529 millones al gobierno local, por lo que se pasaría a cobrar a los habitantes y comerciantes del distrito una cifra de “¢1.326,22 anuales por cada millón de colones de valor de propiedad”; es decir, si una propiedad acumula un valor fiscal de ¢30 millones, se cobrarían ¢39.787 anuales para contar con la vigilancia de la Policía Municipal.

Posible ilegalidad

Pese a que la propuesta presentada por la Alcaldía asegura que el cobro de este tributo por seguridad no es ilegal, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José emitió un criterio contra este proyecto.

Un criterio emitido en 2022, del cual Grupo Extra tiene copia, señala expresamente que “no existe factibilidad legal para crear la tasa de policía municipal con base en lo dispuesto en la reforma introducida al Art. 83 del Código Municipal”, esto con base en un voto de la Sala IV.

Según los magistrados, “las entidades municipales no pueden financiar el servicio de policía municipal (seguridad ciudadana) mediante una tasa. Ello solo es posible mediante un impuesto y en estricta observancia del principio de legalidad tributaria”, es decir, solo los diputados podrían aprobar este cobro.

Pese a ello, la propuesta de la Alcaldía asegura escapar de este criterio legal gracias a que su modelo “delimita territorialmente la cobertura al ámbito donde el servicio se presta de manera efectiva y se sustenta en un estudio de costos que garantiza la correspondencia entre el monto cobrado y el costo real del servicio”.

Presiones desde el alcalde

Aunque, en apariencia, la moción habría sido retirada de su estudio en la Comisión de Hacendarios, un documento enviado desde la Gerencia Administrativa y Financiera revela malos tratos y presiones por parte del alcalde Diego Miranda, quien habría presupuestado esta recaudación para 2027.

El texto GAFTI-167-2026 señala que, en una reunión celebrada el pasado 18 de agosto, Miranda habría tachado la negativa como un intento de “sabotear el presupuesto”.

Ante ello, los funcionarios del departamento municipal propusieron un cambio metodológico; sin embargo, dentro del marco de la “actuación profesional, produciéndose posteriormente otra manifestación de su parte en la que indicó ‘sabe qué don Rodolfo me importa lo que usted piense’”, haciendo referencia a Rodolfo Fonseca, director financiero del gobierno local.

Molestia de vecinos y regidores

Ante la propuesta de un cobro para utilizar los servicios de la Policía Municipal, los vecinos de El Carmen señalaron gran preocupación, principalmente por la ilegalidad del cobro.

“Esa moción no fue socializada con todas las fuerzas políticas, ni tampoco con la comunidad de Carmen ni con el Consejo de Distrito de Carmen, además de que existen importantes reservas técnicas, financieras y jurídicas sobre si esto siquiera es viable”, expresó Ignacio Cubero, síndico del distrito.

Brandon Guadamuz

Regidor Frente Amplio

“La seguridad no se puede cobrar de manera individualizada solo a los propietarios porque el servicio de seguridad se tiene que dar a todo el mundo: a propietarios, a personas que alquilan, a comerciantes, a gente que visita el distrito. Es improcedente legalmente”.

Juan Diego Gómez

Regidor Más San José

“Una vez más queda de manifiesto que no solo hay falta de capacidad para administrar, sino de planificación, esto de cara a lo que plantea la administración de un cobro de una tasa diferenciada para un sector en específico, puesto que incluso la Procuraduría siempre ha dicho que es ilegal”.

Ignacio Cubero

Síndico Carmen

“La afectación que un cobro como este podría tener sobre las personas propietarias y arrendatarias del distrito es importante, nos vamos a oponer desde el Consejo de Distrito a cualquier medida que se trate de aprobar sin una socialización, de manera poco transparente y técnicamente inviable”.