El enojo de los alajuelenses por la concesión de la ruta San José-San Ramón será ahora canalizado por los alcaldes de los 7 cantones de occidente, luego de firmar un arreglo con el Gobierno ayer por la tarde.
Tras los disturbios del jueves 11 de abril, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, solicitó a Pedro Castro acelerar la apertura al diálogo con los gobiernos locales, por lo que fueron citados a primera hora de ayer en las oficinas del Instituto Nacional de Seguros, en La Uruca.
Participaron por el Gobierno Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes y los alcaldes de Palmares, Alajuela, San Ramón, Naranjo, Zarcero, Sarchí, y Grecia; Bernal Vargas, Roberto Thompson, Mercedes Moya, Adrián Barquero, Alejandro Salas, Olga Corrales y Luis Antonio Barrantes.
Luego de 7 horas de conversación los alcaldes firmaron un acuerdo con el cual se pretende poner fin a las protestas y comenzar un proceso de diálogo que podría llevarse varios meses, en que el Gobierno se comprometió a escuchar y analizar todas las preocupaciones y cuestiomamientos.
Los interlocutores del diálogo serán los alcaldes y un representante por cantón.
Mientras este proceso se da, el Gobierno se compromete a no dar la orden de inicio de las obras, que estaba para setiembre.
Castro fue enfático al resaltar que prácticamente no se suspenderá nada por cuanto OAS seguirá con sus preparativos para tomar el control de la vía y seguirá con la elaboración de los planos. No se detendrá nada, solo que si en setiembre cuando estaba planificado que se diera la orden de inicio, no se ha concluido con ese proceso de diálogo, no se dará.
Castro sostuvo que hay cuestionamientos pero no han dado suficientes argumentos técnicos como para renegociar el contrato, y solo lo harán si se los dan.
“Todas las inquietudes y preocupaciones generadas, debieran ser valoradas y analizadas en este foro, al que serán invitados a participar representantes de las comunidades involucradas (una por cantón”, se indica en el punto 2 del acuerdo.
Sin embargo, como no todos los alcaldes son del partido de Gobierno, en el mismo acuerdo hacen patente que podrían apartarse de las decisiones finales de ese foro si no se logran los objetivos finales.
De inmediato el Foro de Occidente reaccionó asegurando que ese acuerdo no es vinculante para ellos por cuanto seguirán con su objetivo de que sea anulado el contrato.
“Nosotros no vamos a acatar y vamos a desconocer todos arreglos que tenga el Gobierno”, sostuvo Villalobos.