La Fiscalía allanó la Municipalidad de Cartago como parte de una investigación por presuntos contratos irregulares que involucran a familiares del alcalde Mario Redondo. Según el abogado penalista Roy Castro, de confirmarse los hechos, el alcalde podría enfrentar una pena de hasta ocho años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de posibles sanciones administrativas.
“En las investigaciones penales, el delito de incumplimiento de deberes de un funcionario público va desde los tres hasta los ocho años de prisión, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cierto tiempo. A la vez, a nivel administrativo podría la PEP (Procuraduría de la Ética Pública) tramitarle un proceso, mediante el cual le cancelen la credencial y pierda el puesto”, destacó.
Según el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, los hechos se remontan a 2021 y 2022, cuando se habría contratado a familiares del alcalde.
“En la primera fecha, se presume que un hombre de apellido Fonseca fue nombrado inspector, quien tendría un parentesco de tercer grado de afinidad con el alcalde Redondo”, indicaron las autoridades. Otra de las investigaciones corresponde al nombramiento interino, en 2022, de una mujer con el apellido Cerdas como encargada de la Unidad de Gestión Humana.
“Es familiar de primer grado de una persona que, en 2020, fue electa como síndico de la localidad de Quebradilla”, destacaron.
De acuerdo con el Ministerio Público, estas acciones podrían contravenir lo establecido en el artículo 136 del Código Municipal, que prohíbe a cónyuges o parientes de hasta tercer grado de concejales, alcaldes, auditores, directores, jefes de personal y cualquier funcionario con influencia en la selección para cargos municipales ocupar puestos en la misma institución.
¿Qué dice el alcalde?
A través de un comunicado de prensa, la Municipalidad de Cartago informó que Redondo aseguró que colaboró con las autoridades, a pesar de que para él de lo que lo acusan no tiene justificación.
“Estoy absolutamente tranquilo porque los hechos denunciados no tienen mayor fundamento. Estamos seguros de que una vez que se recabe toda la información se demostrará que la denuncia es improcedente y no responde más que a persecución de otros agentes políticos”, afirmó.
Cabe recordar que el alcalde de Cartago anteriormente había sido investigado por el caso Diamante.