Tobías Murillo, alcalde de Garabito, exigió al gobierno que emita una serie de medidas especiales con el propósito de procurar la reactivación turística.
El líder municipal cuestionó los criterios técnicos utilizados por el Poder Ejecutivo para determinar que el horario de cierre de las playas sea a las 2:30 p.m.
Asimismo, destacó el grave impacto que se le ha dado a la actividad turística con la imposición de la restricción vehicular durante los fines de semana.
Murillo acotó que es un castigo para el sector que se impongan limitaciones en el tránsito durante una de las temporadas de mayor visitación a los lugares para vacacionar.
Uno de los planteamientos de Murillo es que se amplíen los horarios de cierres de playas hasta las 5 p.m. y que se mejoren las medidas de restricción vehicular los fines de semana.
“Hemos estado trabajando en múltiples proyectos y acciones para que se cumplan los protocolos sanitarios en el cantón de Garabito, actuando con todos los recursos disponibles para ponernos a las órdenes del Comité Municipal de Emergencias y tomar las medidas de seguridad para la población y los visitantes.
Nuestra economía se basa en servicios y específicamente un 90% en el sector turístico, sin embargo, las medidas anunciadas por el gobierno para implementar del 4 al 17 de enero generan una afectación directa a la reactivación económica”, detalló Murillo.
La afectación se daría, según el alcalde, al comercio, al turismo y a la economía del cantón.
ESTUDIO HÁBEAS CORPUS
El Gobierno de la República tiene tres días para justificar los motivos que los llevaron a restringir el horario sobre el uso de las playas en Costa Rica.
La Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de hábeas corpus interpuesto por Walter Brenes, abogado y activista, quien denunció que el accionar lesiona los derechos constitucionales de la población costarricense.
El recurso de habeas corpus se tramita bajo el expediente 21-000040-0007-CO y se presentó contra el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y el presidente Carlos Alvarado.
“Me siento motivado y sigo creyendo que nuestro sistema judicial y la institucionalidad en Costa Rica se respeta. Definitivamente estoy seguro de que los magistrados de la Sala Constitucional tomarán la mejor decisión y espero obviamente que se declare con lugar este recurso. Esperamos que los costarricenses recuperemos la posibilidad de acceder libremente y sin ningún tipo de restricción horaria al océano Pacífico y al mar Caribe”, enfatizó Walter Brenes.
El máximo tribunal le ordenó al Poder Ejecutivo elaborar un informe donde deberá explicitar de una sola vez las decisiones que llevaron a las autoridades a tomar la medida.
El magistrado Luis Fernando Salazar fue designado como el instructor sobre este caso.