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El alcalde de San José, Diego Miranda, fue citado a comparecer ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) debido a una investigación que se mantiene en su contra por aparente influencia contra la Hacienda Pública.
Según explicó Marvin Torres, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San José, los hechos se remontan al proceso de licitación de parquímetros del 2024 donde, presuntamente, Miranda habría omitido la participación de las gerencias financieras competentes, y se habría presionado para que desde el departamento legal se declarara desierta.
“La denuncia penal que yo elaboré, y la firmó en conjunto el director, contiene varios puntos, entre ellos la insistencia y solicitud de manipular el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de San José para que el criterio de parquímetros llevara una posición instruida por el alcalde e impuesta a nosotros por parte de Luis Vega, el asesor de confianza de Diego Miranda”, relató Torres a Grupo Extra.
La controversia, según relata el funcionario, incluso escaló directamente al Concejo Municipal, donde asesores de confianza del alcalde supuestamente intentaron forzar al equipo jurídico a respaldar una tesis “ilegal”.
Ante la negativa de los profesionales de apartarse del criterio legal, el acuerdo planteado por la alcaldía fue rechazado por los regidores, lo que desencadenó posteriores represalias laborales y hasta el despido del subdirector, el mismo que fue declarado inválido en sede judicial.
Respecto a la elaboración del criterio legal independiente que sirvió de base en la discusión, Torres precisó cómo se gestionó el dictamen dentro de la entidad:
“Fue un proceso que se revisó hilando delgado y a cabalidad; la misma Contraloría General de la República dio la razón de que la empresa estaba apta para asumir el servicio. Aun así, el alcalde de San José, con su conocida actitud soberbia, quiso imponer su criterio por encima de la ley, lo que yo no lo permití y terminó ocasionando mi despido”, agregó el subdirector de Jurídicos.
Aunado a las presiones sobre el departamento legal, la investigación de la Fapta abarca la utilización de informes financieros carentes de idoneidad técnica para calificar como ruinosa la contratación adjudicada, y se analiza la decisión del alcalde de suspender el servicio de parquímetros sin sustentos técnicos ni avales de la Contraloría.
Junto con Miranda, las autoridades mantienen investigaciones contra el proveedor municipal de San José, de apellido Chacón; así como los asesores del alcalde, de apellidos Vega, Zoch y Vargas.
Grupo Extra intentó conocer la versión del alcalde de San José, sin embargo, no se dio respuesta desde la asesora en Comunicación del jerarca.