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Un supuesto tráfico de influencias llevó a la Procuraduría de la Ética (PEP) a denunciar al alcalde de Heredia, José Manuel Ulate Avendaño.
En apariencia, el político le dio la orden a un grupo de oficiales de la Policía Municipal del cantón de liberar a un sujeto que habían detenido, el cual es hermano de una abogada.
Así se desprende del proceso penal que se sigue bajo el número de expediente 16-003551-369-PE.
Se trata de una sumaria que tramita la Fiscalía Adjunta de Heredia en la cual se investiga a Ulate Avendaño y a una abogada por el presunto delito de tráfico de influencias.
El Ministerio Público, al concluir con la pieza acusatoria, se la remitió al abogado del Estado, donde determinaron que se apersonarían al proceso como querellantes.
De este modo, la representación estatal en su condición de víctima presentó, a través de la PEP, los escritos de querella y de acción civil resarcitoria.
“La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), en representación del Estado en su condición de víctima, el 5 de marzo de 2021, interpuso escritos de Querella y Acción Civil Resarcitoria en el proceso penal seguido bajo sumaria N° 16-3551-369-PE, seguido en la Fiscalía Adjunta de Heredia, contra el alcalde José Manuel Ulate Avendaño y la abogada particular, María Auxiliadora Alfaro Chacón”, confirmaron en la Procuraduría General de la República.
Añadieron que las acciones se vinculan con la supuesta influencia que ejerció el alcalde herediano sobre los policías municipales del cantón para dejar en libertad al hermano de la abogada.
Esto se habría dado después de una llamada que ella mismo le realizó a Ulate Avendaño pidiéndole su intervención en favor de su hermano.
“Ahí es cuando el alcalde da la orden a los policías de que lo dejen en libertad y que cancelen el procedimiento”, añadieron en la PEP.
De acuerdo con la Procuraduría de la Ética Pública, los hechos que están querellando constituyen en grado de probabilidad, en ambos imputados, un delito de tráfico de influencias agravado.
Este delito está tipificado y sancionado en el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, los cuales, aseguran en la PEP, se atribuyen como consumados y en calidad de autores.
Además, en la PEP demandaron civilmente el daño social derivado del hecho punible, el cual han estimado en la suma de ¢5 millones en el caso de cada demandado, es decir, un total de ¢10 millones.
El proceso ahora continúa su curso de modo que, tras la comunicación de las piezas interpuestas por la Procuraduría General de la República a la Fiscalía Adjunta de Heredia, se remitirá el expediente al Juzgado Penal de Hacienda.
Luego de esto se procederá con la ejecución de la audiencia preliminar donde se decidirá si la causa penal se eleva a juicio o se busca una vía alterna.