Al menos 28 títulos de propiedad privada se encontrarían inscritos en la zona restringida marítimo terrestre de playa Espadilla en Quepos, Puntarenas.
Las fincas nº6-189179-000 y nº6-237984-000 (que es segregación de la finca 6-005219-0000) corresponderían supuestamente a Kim Jim Jong Kwan, alcalde de Quepos, o de familiares en primer grado de consanguineidad.
La acusación la realizó Boris Marchegiani Carrero, empresario turístico, quien solicitó al Ministerio Público que por medio de una notitia criminis que presentó se proceda a las investigaciones pertinentes.
Al caso se le asignó el número de referencia FGR-880-2022, la cual fue remitida desde el 20 de julio a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
El empresario presentó la denuncia penal por probables delitos de acción pública de efectos difusos y pide al Ministerio Público que tipifique la supuesta infracción.
EL CASO
La denuncia parte citando el oficio DZMT-25-DI-2019 realizado por el Departamento de Zona Marítimo Terrestre y el Departamento de Topografía, donde se determinó que esos terrenos no estarían autorizados por ningún plan regulador.
A raíz de la inquietud, cita la demanda que la entonces alcaldesa Patricia Bolaños Murillo ordenó la elaboración de un informe sobre los títulos de propiedad inscritos en la zona restringida que estarían bajo administración y tutela de la Municipalidad de Quepos.
El empresario resumió que Bolaños efectuó consultas ante la Procuraduría General de la República (PGR) para ver cómo se podía proceder en este tipo de situaciones.
De acuerdo con la denuncia, la PGR emitió el dictamen C-132-2019 en el que elaboró una serie de recomendaciones para atender el problema.
Específicamente cita que “sin el perjuicio de la competencia de la Procuraduría, para gestionar la nulidad de actos que puedan infringir la Ley 6043, a las municipalidades litorales, como administradoras de la zona marítima terrestre de dominio público e interesadas legítimas, también compete demandar la nulidad de títulos de propiedad privada que la menoscaben”.
OMISIONES
Pese al dictamen estipulado por el abogado del Estado a la Municipalidad de Quepos una vez que entró en funciones el actual alcalde, éste habría desacatado.
Relata la denuncia que el alcalde tenía la obligación jurídica de abstenerse en sana consecuencia de participar sobre las resoluciones de cualquier tema que pueda implicar un obstáculo de su parte.
Dicha acción, según el documento judicial, debía hacerse con el fin de aplicarse correctamente la Ley de Zona Marítimo Terrestre y cualquier otra decisión administrativa que se tomara ante el Concejo Municipal.
“Se ha recibido información de que el actual alcalde de Quepos ha tomado un psique como si fuera creación suya, el Plan Regulador de Playa Espadilla donde ha sido vehemente y con una conducta activa para que se impulse y ordene que se excluyan dos de las 28 propiedades con problemas de legalidad en el sitio, las cuales son precisamente aquellas de su propiedad o propiedad de familiares cercanos”, describió Marchegiani en la denuncia.
El texto añade que Kim aparentemente habría girado instrucciones específicas al Departamento de Zona Marítimo Terrestre para que solamente el alcalde tuviera acceso exclusivo e independiente al expediente de modificación del plan regulador.
ATRIBUCIONES
La denuncia finaliza diciendo que el alcalde habría asumido atribuciones que no le corresponde.
Detalla que habría tenido las facultades legales de las que por un principio de legalidad son de resorte exclusivo del Concejo Municipal de Quepos.
“La conducta ilegítima y de apropiación temeraria de las facultades otorgadas al Concejo Municipal por parte del alcalde, así como la procura de este último en utilizar en su provecho sus condiciones de máximo jerarca, así como del recurso público o personal a su cargo o del ente municipal, ha tenido como gravísima consecuencia un impedimento evidente y con un objetivo premeditado para que los órganos competentes por ley de resolver el tema probandum relacionado a 28 propiedades privadas ilegítimas dentro zona marítimo terrestre sean el Concejo Municipal, el ICT, el INVU y la misma PGR, puedan dar finalmente una solución definitiva a lo acontecido en el sector de Playa Espadilla en beneficio de la colectividad y del cantón de Quepos”, concluyó el empresario denunciante.
DENUNCIA CALUMNIOSA
DIARIO EXTRA conversó con el alcalde de Quepos, quien negó las acusaciones realizadas por el empresario turístico y señaló que los cuestionamientos reflejan una denuncia calumniosa en su contra.
El líder local dijo que el asunto de las propiedades recae en la potestad de los funcionarios municipales y él no tiene nada que ver con los asuntos que se le atribuyen.
Consultado sobre por qué desacató las recomendaciones de la Procuraduría General de la República, detalló que él nunca fue notificado por ese órgano, por lo que desconoce específicamente de qué se trata el asunto.
Comentó que no conoce la denuncia de Boris Marchegiani en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y hará lo posible para defender.
Negó haber violentado el plan regulador o que las construcciones se hicieran en zona marítimo terrestre, tal como se lo quieren atribuir.
Finalizó acotando que tanto la comunidad como los vecinos de Quepos conocen quién es él y lo que hace por el bienestar del cantón.