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El alcalde de San José, Diego Miranda, nombró a un asesor personal como director de Asuntos Jurídicos pese a la existencia de una recomendación de que el cargo fuese asumido por el actual subdirector de dicho despacho.
Así consta en el documento MSJ-ALCALDIA-4764-2026, donde el alcalde capitalino dejó en firme el nombramiento de Luis Vega, actual asesor personal de Miranda, como director interino en sustitución de Mariano Rodríguez, jerarca del despacho incapacitado hasta mediados de noviembre.
“Lo anterior obedece a la necesidad de garantizar la continuidad y adecuado funcionamiento de la Dirección, así como la atención oportuna de los asuntos que, por la naturaleza de sus competencias, requieren de una conducción adecuada durante el período indicado, así como ante una eventual ampliación de la incapacidad, lo cual es una posibilidad”, justifica el texto.
Sin embargo, el propio director de Asuntos Jurídicos habría recomendado al alcalde el nombramiento interino de Marvin Torres, actual subdirector del despacho, en su sustitución, esto plasmado en la circular DAJ-1872-2026, donde incluso se indica que “esta Dirección es clara que no se hará responsable del vencimiento o no trámite de solicitudes que no vengan copiadas al licenciado Torres Labardini”.
El alcalde Miranda nombró a su asesor como director tras señalar que Torres presenta “un conflicto de intereses directo con mi persona, y actualmente existen procesos judiciales en trámite que reafirman esta situación”.
“De asumir la Dirección por un tiempo tan extenso podría comprometer la objetividad e independencia necesarias para ejercer durante un período prolongado la conducción de una dependencia cuya función comprende, entre otras, la asesoría jurídica de la Administración y de la Alcaldía”, justifica el alcalde de San José, quien además solicitó dejar sin efecto la recomendación del director de Asuntos Jurídicos.
Torres actualmente mantiene un proceso judicial abierto contra Miranda, esto tras un despido injustificado por parte del alcalde, el mismo que alega se trata de una persecución política en su contra por no haber aprobado la eliminación de la licitación de parquímetros actualmente vigente en San José.
“Diego Miranda va a tener que pagar las consecuencias jurídicas de todas las injusticias a las que ha sometido a mi familia y a mi persona simple y sencillamente porque fui un funcionario que no me torcí a hacer su voluntad para que la empresa adjudicada en el caso de parquímetros fuera sacada de una manera antijurídica”, confesó Torres a Grupo Extra en noviembre del 2025.
Para Miranda, esta situación podría “comprometer la objetividad e independencia necesarias para ejercer durante un período prolongado la conducción de una dependencia cuya función comprende, entre otras, la asesoría jurídica de la Administración y de la Alcaldía”, según expresa el documento.
Luis Vega, aparte de fungir como asesor personal del alcalde, figura como parte de una investigación que mantiene la Procuraduría de la Ética Pública contra Diego Miranda, esto por el uso de abogados municipales durante la jornada laboral para una defensa de ámbito privado, es decir, fuera de sus funciones de la Alcaldía.
El caso, ocurrido en noviembre del 2024, está relacionado con una serie de indagatorias por parte de las autoridades defensoras por aparentes conflictos entre la Alcaldía y el auditor municipal, Israel Barrantes.
Según la causa que mantiene abierta la Procuraduría contra Miranda, el alcalde pudo haber incurrido en una falta al deber de probidad, es decir, a la ética de los funcionarios públicos.