El esfuerzo por contener el gasto parece no interesarles a las Municipalidades, pues da la impresión de que gastan a diestra y siniestra, pero, peor aún, no hay controles que detecten a tiempo dichos excesos.
En momentos cuando cada colón del Estado cuenta, existen gobiernos locales que no predican con el ejemplo y contribuyen a que el manejo de las arcas del Estado se vuelva cada vez más insostenible.
Ejemplo de eso ocurre con la Municipalidad de Matina, que se aprovechó de su rendición de cuentas para armar un fiestón, el cual le costó al erario público ¢11 millones.
Quizá ¢11 millones no se perciba como mucho dinero en comparación con el presupuesto municipal, sin embargo, en momentos de austeridad el fiestón que se armó sin lugar a dudas salió sobrando.
Tampoco en una rendición de cuentas era necesario que se armara un bailongo o espectáculos artísticos con telas ni trapecios.
Algunos podrán decir que dar a conocer una información de este tipo es caer bajo o que los medios piensan que rendir cuentas es pecado. Los que piensan así ignoran la buena cultura de manejar eficientemente los recursos del erario público.
El pecado no es rendir cuentas, sino aprovecharse de eso para armar un fiestón y despilfarrar los fondos públicos.
Recientemente trascendió que la Auditoría Interna de la Municipalidad de Puntarenas hizo un señalamiento sobre el pago presuntamente irregular de Wilbert Madriz Arguedas, alcalde de Puntarenas, quien recibió ¢7,3 millones por un plus que en teoría no le tocaba.
Dicho monto corresponde a un pago por prohibición del 15% y aunque el alcalde reconoce que está a derecho, aquí entra un tema del que todo mundo habla, pero nadie le pone atención: el pésimo manejo de las administraciones de Recursos Humanos con los fondos públicos.
Los gobiernos locales hacen festín con los recursos y a la hora de los cuestionamientos las propias autoridades se hacen las víctimas o las ofendidas porque se les recalca algo que no está bien hecho.
El alcahueteo de esas acciones comenzó con los mismos diputados de la República, quienes, en una actitud de compadre hablado, lograron en 2020 sacar a las municipalidades de la regla fiscal con la excusa de las afectaciones económicas producto de la pandemia por Covid-19. En ese entonces, la misma Contraloría General de la República (CGR), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el propio Ministerio de Hacienda comandado este último por el actual presidente electo, Rodrigo Chaves Robles, hicieron señalamientos de que ese proyecto deterioraría las finanzas del Estado.
Pero, ¿qué pasó? Con una actitud de niño berrinchudo que le lleva la contraria a la gente, el presidente Carlos Alvarado firmó la ley que los sacaba de esas limitaciones en el gasto de los fondos públicos.
Eso trajo sus implicaciones a nivel económico. El órgano contralor difundió en un informe realizado para el primer semestre de 2021 que los gobiernos locales dispararon sus gastos hasta en un 142%.
El informe citó que la Municipalidad de Turrialba gastó ¢3.460 millones, es decir, un incremento por más de ¢2.000 millones con respecto al mismo periodo de 2020.
La Municipalidad de Montes de Oca tuvo un crecimiento del 60%, en Turrubares un 49%, Aserrí en un 35%, Santa Bárbara un 35%, Limón en un 35% y Naranjo en un 35%.
Debe haber un alto para que las autoridades locales dejen de gastar recursos y estar reclamando cada vez que se les impone mano dura, como ahora que se les busca limitar la reelección, a lo que muchos alegan violación de derechos. En efecto, la violación se produce al seguir de forma vitalicia en sus sillas y evitar que otras personas tengan posibilidades de dirigir las riendas de la institución.