El Gobierno de la República convocó el plan que impulsa alargar la vida útil de los buses a 17 años.
La convocatoria fue realizada por el Ministerio de la Presidencia como parte del arranque del periodo de sesiones extraordinarias, es decir, cuando el Poder Ejecutivo asume el control sobre la agenda legislativa.
El proyecto de Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica tocó las puertas del Congreso como una solución a los autobuseros que se vieron afectados económicamente durante la pandemia.
Freddy Morera Blanco, ministro a.i de la Presidencia, agregó que el proyecto se encuentra reorientado hacia las comunidades rurales.
“Hay que recordar que un número importante de unidades de autobuses están próximas a cumplir 15 años y por ende deben salir de circulación. El hecho de que estas unidades salgan de funcionamiento, afecta no solo a las empresas autobuseras, sino también a las personas usuarias de dichas unidades y a las comunidades que son beneficiadas de este servicio público”, indicó.
TEXTO SUSTITUTIVO
La propuesta tendrá como finalidad que se modifique el plazo para que por una única vez se haga la ampliación de la vida útil.
El Poder Ejecutivo establecerá dentro del texto de la propuesta que las unidades cumplan con la revisión técnica cada cuatro meses, equivalentes a tres veces al año, para asegurar la calidad en la que se encuentra el bus.
Morera enfatizó que la prórroga irá específicamente para rutas inscritas y no para las que son nuevas.
La Comisión de Asuntos Económicos aprobó el pasado 27 de setiembre un dictamen con el propósito de avalar una extensión en la antigüedad de los autobuses al pasar de 15 a 20 años.
La Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) reconoció el compromiso del Gobierno y la intención de convocar el proyecto de ley que busca dar continuidad al servicio de transporte público.
La iniciativa pretende evitar que más comunidades se sumen a las 95 que en la actualidad carecen de servicios de transporte.
“Reconocemos la decisión del Gobierno de ver la urgencia de aprobar este proyecto y garantizarles a los usuarios la continuidad del servicio de autobús, no es posible que haya comunidades como la Angelina en Cartago, donde sus habitantes deben pagar 8.000 colones diarios a servicios informales, o como la gente de Zapatón de Puriscal, que tienen más de un año sin servicio de transporte público”, afirmó Silvia Bolaños, Vicepresidenta Ejecutiva de Canatrans.