“Ahí tienen la plata”: Laura Fernández tras ajuste al Poder Judicial

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció que el Poder Ejecutivo asumirá la mayor parte de la reducción presupuestaria proyectada originalmente para el Poder Judicial en el año 2027.

Aunque el Ministerio de Hacienda planteó inicialmente una disminución de ₡27.000 millones, la gobernante giró instrucciones para que el ajuste sobre el presupuesto judicial sea únicamente de ₡11.000 millones, lo que representa cerca del 2% de sus recursos totales.

Los restantes ₡16.000 millones de colones serán absorbidos directamente por las instituciones del Gobierno.

Durante su discurso en la inauguración de la delegación policial en Turrialba, Fernández criticó las justificaciones expresadas por autoridades judiciales sobre posibles afectaciones operativas a causa del presupuesto.

“Bueno, pues ese cuentico se les terminó porque estoy dispuesta a asumir con mi equipo de trabajo, ministros y presidentes ejecutivos, la mayor parte del recorte que le teníamos que hacer al poder judicial (…) Que me lo hagan a mí con tal y a las instituciones que yo lidero, con tal de que ellos tengan toda la plata que dicen necesitan para mejorar la justicia y la paz en los barrios. Ahí tienen la plata. Yo me soco la faja con mi equipo”, expresó de forma vehemente la presidenta.

Fernández insistió en que el Poder Judicial ya no podrá escudarse en el presupuesto para justificar señalamientos de ineficiencia.

“Ahí tendrán la plata. Que le rindan cuentas a la Asamblea Legislativa y a Dios por sus actos”, dijo.

Fondos bajo condición

Para financiar la diferencia que dejará de recortarse al Poder Judicial, la presidenta detalló que el Gabinete aplicará medidas de austeridad reduciendo viajes, viáticos y cenas de jerarcas, sin impactar los servicios públicos que recibe la ciudadanía.

Calificó la reducción final del 2% solicitada al Poder Judicial como “prácticamente la ley del mínimo esfuerzo” y los instó a no buscar “cuál pretexto nuevo encuentran para andar soltando a los maliantes”.

Asimismo, Fernández subrayó que los recursos se desembolsarán en tractos y bajo tres condiciones obligatorias:

1. Revisión del fideicomiso: Evaluación de las cuentas auditadas del fideicomiso de infraestructura judicial en el Banco de Costa Rica a cargo de la Comisión Legislativa para el Control del Ingreso y el Gasto Público.
2. Certificación de la Contraloría:Verificación emitida por la Contraloría General de la República sobre el cumplimiento de auditorías en obras ejecutadas con esos fondos.
3. Aprobación legislativa: Aval de la Comisión de Ingreso y Gasto Público y posteriormente del Plenario Legislativo para liberar las partidas.