La investigación judicial que se lleva a cabo alrededor del primer caso de una supuesta banda delictiva que al parecer enviaba cocaína líquida a Europa y Asia continúa generando polémica y se torna reveladora, tras los señalamientos, movimientos, conversaciones y otras gestiones que, según las autoridades, efectuaban los imputados del caso y que se especifican en la indagación judicial.
En el expediente 22-000088-0622-PE, se puntualiza la participación de varias personas y su presunta vinculación con el tráfico estupefacientes que operaban desde varios puntos del país para, según las autoridades, hacer la exportación de la droga. En dicho documento, se menciona que la organización pudo haber obtenido información de oficiales de Policía de Control de Droga (PCD), de acuerdo con lo indicado en el expediente del mediático caso Corona.
“En fecha 08 de junio de 2023, cuando de manera conjunta y según el rol de funciones previamente establecido por los imputados, Herrera Soto, Montoya Gutiérrez, Murillo Picado (mujer), Brenes Murillo (mujer), Picado Sánchez, bajo la dirección y supervisión de Lozano Bonilla (colombiano, naturalizado costarricense) realizaron un transporte de estupefacciones utilizando un vehículo marza Isuzu”.
El expediente continúa, “Conducido por Montoya Gutiérrez , desde Poás de Alajuela, en la Fábrica Minerva Bebidas, hasta la casa de seguridad ubicada en Cascajal de Coronado, esto con el fin de resguardar estupefacientes de uso no autorizado, así como cualquier otro elemento de origen ilícito que comprometiere a la organización criminal ante una eventual intervención de algún cuerpo policial, esto con ocasión de la llamada recibida en horas tempranas, del mismo día, por parte de un oficial de la Policía de Control de Drogas”, comenta el documento.
Además, las autoridades agregan cómo se documentó por parte del Centro de Interceptación de las Comunicaciones una serie de acciones desplegadas por los imputados, que, a criterio de la Policía Judicial, resultaban acordes a una alteración de sus actividades normales, esto como resultado del estar sobre aviso por parte de efectivos de la PCD.
Según la tesis de las autoridades judiciales, esto generó una situación de crisis para los encargados, ante la posible intervención policial en la Planta Minerva y Tico Bebidas, de lo cual se extraen las llamas de interés realizadas en la fecha anteriormente indicada, 8 de junio del presente año.
A continuación, la Secuencia 01649567 entre el imputado Herrera Soto y un sujeto identificado de apellido Rivas, quien se presume sería de PCD, “…Rivas le consulta a Herrera Soto, las cosillas tuyas, esas quedan ahí verdad, Herrera le dice eso queda ahí, pero la chiquitilla sí llévesela. Ahora usted se va con Brenes Murillo (mujer) y se quedan ahí por Tuetal o por ahí y ahorita yo los alcanzo. Rivas le dice a Herrera, yo eché las dos, la de la caja y la otra.”.
“Herrera le dice llévese la de la caja, la grandota déjela ahí lo más ‘escondidita’ posible que no se vea, déjela ahí, deje el carro y le da las llaves a la señora, indicó Herrera”. De acuerdo a la interpretación policial, podría ser que la forma en que se refieren a tales “cosas” serían al parecer armas de fuego que pretendían esconder.
En otra conversación, de acuerdo con la secuencia 001649643 entre Herrera Soto y Brenes Murillo (mujer), vuelven a hacer referencia a comunicaciones con el presunto oficial, “Brenes Murillo (mujer) le pregunta a Herrera en dónde está, él responde que está llegando al cole de Ari, ‘antitos’ a la entrada del motel, Brenes le consulta si entonces él nunca estuvo arriba o sí, Herrera le contesta que no, que él no ha estado arriba y que él ya habló con el mae de la PCD”, indica la investigación judicial.
De acuerdo con la tesis que se documenta en el informe de análisis telefónico 105-A-CJIC-202, una serie de llamadas, dentro de ellas las realizadas el 8 de junio de 2023 entre el sujeto de apellido Lozano y otro hombre identificado como Montoya Gutiérrez, de acuerdo con lo recabado por la Policía Judicial, se identifica un desplazamiento logístico entre ambos hombres hasta la zona de Poás de Alajuela. Ya en el lugar, Lozano y Montoya, llegarían hasta la planta de bebidas de Herrera Soto para realizar algún movimiento sospechoso, a consecuencia de lo que ya tenían conocimiento, con respecto a la llamada recibida de Herrera por parte de oficiales de la PCD, dice el expediente.
CONVERSACIONES CALCULADAS
En el mismo documento además destacan conversaciones donde los involucrados externaban ejecución de planes y expresiones que las autoridades vinculan con el tráfico de estupefacientes, incluso en ocasiones parecía que los imputados conocían de la intervención de sus conversaciones.
En otra secuencia de escuchas entre Herrera Soto y Murillo Picado (mujer), se presenta una discusión donde Herrera hace alusión a una intervención telefónica, “Herrera le dice, diay no sé, como el fin suyo de decir que ella con quien anda es con el narco más narco y que si ese hijue… se va, usted igual vino conmigo aquí a meter etiquetas y a llenar toda la pi… Murillo Picado le contesta que ella no ha metido nada”.
“Herrera le dice, no no, ahí quedó no sé preocupe, ahí le quedan con huellitas qué dicha que lo estamos hablando por teléfono, así como usted me dice que el teléfono está intervenido, y usted me llama, ojalá oigan, vino conmigo a poner etiquetas, ojalá ahí el OIJ esté escuchando para que le quede, para que nos vayamos los dos”, dicha comunicación se cita a la fecha de 5 de abril del presente año.
En otra conversación, queda registro de cómo, en medio de unas directrices, interrumpían la oración para continuar hablando por otros medios. “Herrera dice, que le diga a la señora que ese carro es del cuñado de Yavy y va a durar unos días ahí, Rivas dice ok, entonces solo me llevo la… (no termina la frase) Herrera le contesta, suave para llamarlo por WhatsApp”, aduce el documento.
Por su parte el Ministro de Seguridad, ante una consulta realizada por DIARIO EXTRA, indicó no tener ningún conocimiento de la situación, “Ningún conocimiento, porque es una operación judicial en efecto”.
CASO CORONA
El 14 de noviembre de 2023, se realizaron un total de 22 allanamientos en diferentes partes del país, donde se detuvo a 12 personas, quienes figuraban como sospechosas de tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales. Este grupo estaría integrado por cinco personas de nacionalidad colombiana y 7 costarricenses. Las autoridades efectuaron 22 allanamientos en propiedades en varias partes del país, incluida una empresa que se dedicaba a la comercialización de refrescos gaseosos ubicada en la localidad de Poás, provincia de Alajuela (centro).
Durante las acciones policiales desarrolladas, además de detener a estas personas como sospechosas de los delitos anteriormente mencionados, se incautó evidencia importante para la investigación, así como vehículos de alta gama y diferentes propiedades por un valor total de 2.000 millones de colones.