Advierten riesgos sobre cambiar la forma de elección del fiscal general

Una propuesta de ley tramitada bajo el Expediente 25.634 pretende reformar la estructura de mando y los mecanismos de control del Ministerio Público.

La iniciativa, denominada “Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y el Control Democrático del Ministerio Público”, busca que la elección del fiscal general y el subrogante pase de manos
del Poder Judicial a la Asamblea Legislativa.

Actualmente, esta elección es realizada por la Corte Plena, pero la reforma propone que sean los diputados los encargados de esta designación mediante un concurso público de antecedentes, gestionado por la Comisión de Nombramientos del Congreso.

Para el abogado constitucionalista, Fernando Zamora, es indiferente si estos cargos son electos por la Asamblea o el Poder Judicial, ya que eso no está establecido en la Constitución Política.

Sin embargo, advierte de posibles riesgos en caso de que se avale la reforma desde el Congreso.

“Lo que puedo ver es que es preocupantes, es trasladar el nombramiento del funcionario más importantes en cuanto a la persecución de los delitos, incluidos los delitos de la clase política, precisamente a la esfera de los políticos”, dijo. 

Para asegurar la idoneidad técnica, los candidatos a la Fiscalía deberán contar con al menos 10 años de ejercicio profesional o carrera judicial.

La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) advirtió el peligro “politizar” el cargo en la Fiscalía General. 

Desde Acojud argumentan que la propuesta desvía la discusión técnica sobre la idoneidad del cargo hacia un terreno de “rango político”, lo que pondría en riesgo la objetividad y la independencia del Ministerio Público.

“Calificamos de imprudente el momento del Ministerio Público. Compromete la objetividad del nombramiento a una situación estrictamente política”, indicó Adriana Orocú, presidenta de Acojud.

Además, indicó en caso de aprobarse, este nombramiento se realizaría bajo estrictas componendas partidarias.

“Es un proyecto que por su naturaleza tiende no a fortalecer la independencia del Ministerio Público”, agregó. 

Una de las reformas del plan es la rendición de cuentas del fiscal general ante los diputados todos los años. 

Además, se plantea la destitución por “bajo desempeño”, que se activaría si el Plenario Legislativo rechaza dos informes anuales de labores de forma consecutiva. 

La propuesta se dio a conocer a solo tres meses que venza el plazo de nombramiento del actual fiscal general, Carlo Díaz.