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La reforma que busca fortalecer las sanciones por delitos relacionados con la minería sería imposible de implementar si no se asignan recursos adicionales al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Defensa Pública, según Corte Plena.
La advertencia consta en el informe aprobado por Corte Plena sobre el proyecto de ley tramitado bajo el expediente legislativo 25.491, el cual plantea modificaciones al Código de Minería.
El magistrado Segura, encargado de presentar el análisis, explicó que la iniciativa afecta la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial debido al aumento de investigaciones, decomisos, peritajes y procesos penales que generaría.
“La reforma no se limita a incorporar nuevos tipos penales o incrementar las penas aplicables a determinadas conductas vinculadas con la actividad minera”, señala el criterio del OIJ incorporado al informe.
La propuesta ampliaría las obligaciones de la Policía Judicial en la investigación de delitos mineros, así como en la identificación, documentación, incautación y eventual decomiso de maquinaria, vehículos, sustancias químicas, minerales y otros bienes.
Estas labores provocarían nuevas necesidades operativas, técnicas y de coordinación interinstitucional.
De acuerdo con el informe, el proyecto no establece ninguna partida presupuestaria específica para que el OIJ atienda las nuevas exigencias.
“Sin la inyección de recursos en todas sus aristas, no es viable su implementación”, advirtió la institución.
La Policía Judicial requeriría crear o reforzar grupos de trabajo, contratar investigadores, personal administrativo y profesionales en Ciencias Forenses, además de adquirir equipo policial, tecnología y licencias.
También serían necesarias mejoras en laboratorios, oficinas, bodegas y otros espacios destinados al análisis y almacenamiento de materiales peligrosos.
La institución señaló que ya existen carencias en varias de estas áreas y que algunas soluciones temporales han tenido que suspenderse debido a las limitaciones presupuestarias.
El Ministerio Público y la Defensa Pública también advirtieron que aprobar la reforma sin un presupuesto operativo generaría riesgos para el control interno y el funcionamiento del Poder Judicial.
Corte Plena determinó que el proyecto sí afecta la estructura y organización judicial. El informe fue aprobado y declarado en firme para remitirlo a la Asamblea Legislativa.
El criterio incluye observaciones técnicas sobre los artículos que se pretenden modificar, aunque la decisión final sobre el avance de la reforma corresponderá a los diputados.

