Advierten que ley facilita denuncias falsas contra docentes

Como parte del Programa de Formación Permanente, más de 88 mil docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP) iniciaron procesos de capacitación. Entre los contenidos abordados figura la Ley 9.999, denominada “Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el Sistema Educativo”.

Ante la aplicación de esta normativa, el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) manifestó preocupación por el impacto que la ley ha tenido en el sector educativo. Su presidente, César Toruño, indicó que el sentimiento predominante entre el personal docente es de insatisfacción.

“Existe una insatisfacción real del magisterio con una ley que consideran injusta y que ha facilitado la persecución del gremio. Nosotros solicitamos la eliminación de la normativa para que se suprima la amenaza que perciben contra el magisterio nacional”, manifestó el jerarca colegiado.

La normativa ha generado malestar en parte del cuerpo docente, ya que algunos educadores sostienen que, desde su implementación, se ha interpretado como un mecanismo de presión hacia el personal de enseñanza, según han manifestado diversos profesores.

Durante las mismas sesiones de capacitación surgieron cuestionamientos por parte de los docentes, quienes expresaron su percepción de un desequilibrio en la aplicación de la ley. Algunos incluso discreparon del propio título de la normativa, al considerarlo injusto.

Expedientes abiertos

La Ley 9.999 entró en vigencia en agosto de 2021, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Desde entonces y hasta julio de 2023, el Departamento de Asuntos Disciplinarios del MEP abrió 555 expedientes contra docentes por presuntas infracciones a esta normativa. De ese total, 165 educadores fueron sancionados, mientras que 68 resultaron absueltos.

Diario Extra solicitó una actualización de estas cifras a la cartera educativa; sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El malestar del sector docente se intensificó tras las capacitaciones sobre la aplicación de la ley, lo que generó reacciones de molestia y temor entre el personal educativo. En la red social TikTok, el docente Jason Rodríguez expresó su inconformidad con la normativa, a la que calificó como una “persecución” contra el personal educativo.

“Fue una capacitación que, más que prevenir, parecía buscar amedrentar al personal docente y administrativo. Existe un reglamento elaborado para beneficiar exclusivamente a la supuesta víctima”, manifestó.

Rodríguez aclaró que no plantea la derogatoria de la ley, sino la necesidad de una normativa más balanceada. “El problema es que, bajo esta interpretación, el docente es considerado culpable y, en caso de duda, se falla a favor de la supuesta víctima”, señaló.

MEP no tiene protocolo ante denuncias falsas

Durante las capacitaciones impartidas por Nelly Venegas, jefa de Asuntos Disciplinarios, y Silvia Fallas, asesora legal de la Unidad de Procedimiento Administrativo, se evidenció que el MEP reconoce limitaciones para garantizar mecanismos de protección específicos para las personas denunciadas.

“No contamos con una normativa expresa que regule o resguarde a la persona denunciada. En ese sentido, el Ministerio no dispone de protocolos. En estos casos, corresponde buscar atención psicológica, ya sea a través de la CCSS o del INS”, indicó Venegas.

Ante la consulta sobre qué ocurre en casos de denuncias falsas, Fallas explicó que existe un procedimiento establecido. 

“De llegarse a esa conclusión, debe sustentarse en la existencia de prueba, siempre bajo el entendido de que, en caso de duda, esta se resuelve a favor de la persona menor de edad”, señaló.

Añadió que, cuando se determina que una denuncia es falsa, el funcionario tiene derecho a ejercer su defensa y a presentar las acciones legales correspondientes.

Habrá una revisión de la ley

El ministro de Educación, José Leonardo Sánchez, aseguró que se realizará una revisión integral de la normativa, con sustento técnico y jurídico, en conjunto con la Junta Paritaria integrada por representantes del MEP y organizaciones sindicales.

“Si del análisis se determina que se requieren modificaciones de fondo, incluso su eventual derogatoria, lo valoraremos responsablemente y lo propondremos, porque ningún docente debería trabajar con miedo. 

Las normas disciplinarias deben existir, pero bajo criterios de equilibrio, debido proceso y proporcionalidad”, afirmó el jerarca.

Sánchez agregó que el objetivo es garantizar seguridad jurídica, justicia y un respaldo real al personal docente.