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La propuesta de marchamo electrónico anunciada por el Gobierno de la República genera dudas entre diputados que consideran se podría violar la privacidad de los costarricenses, tal como se hizo con la UPAD.
En declaraciones a DIARIO EXTRA, legisladores de distintas bancadas criticaron el proyecto del Gobierno y señalaron que se podrían monitorear los movimientos de la población.
“Si el proyecto continúa, ningún vehículo en este país podrá evitar el control estatal, el Instituto Nacional de Seguros (INS) empezará a almacenar en su sistema informático el día y la hora que los vehículos pasan por un determinado punto, en donde el Gobierno tenga la infraestructura instalada.
¿En diez años cuántos lugares existirán sin puntos de control? ¿La Reforma venderá esta información a sicarios o al crimen organizado, como ya nos tiene acostumbrados?”, cuestionó Johanna Obando, diputada liberal.
“¿Los diputados de oposición, los periodistas, investigadores, toda la población costarricense se sentirán tranquilos trasladándose por un país a sabiendas que el Gobierno no ocupa orden judicial para acceder a los datos de la trayectoria por la cual nos estamos dirigiendo? ¿Estaremos tranquilos? ¿Podremos dormir bien con eso?”, cuestionó.
La liberal puntualizó que el tema se debe ver con lupa porque algunas libertades individuales se podrían ver afectadas o en su defecto el Estado podría poner límites y vigilancia extrema sobre los ticos.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) dice que “no cualquier dispositivo podrá capturar, porque tendrá medidas de seguridad que lo protejan, pero ¿quién nos protege de los funcionarios inescrupulosos que podrán vender esta información? ¿Quién nos va a decir que esta información no va a ser vendida a otras personas?”, agregó.
INCONSTITUCIONAL
En la misma línea, Gilbert Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó el plan de Gobierno e incluso, lo tachó como riesgoso e inconstitucional.
“El marchamo digital que nos quiere imponer este Gobierno, como innovación, contiene severos riesgos para la privacidad de todos los ciudadanos costarricenses.
Este Gobierno es enemigo de la libertad de expresión, del resguardo de la institucionalidad y el respeto a la privacidad.
En nombre de una supuesta innovación, se encierra una gran trampa para la privacidad de los costarricenses, porque la tecnología que pretenden usar les permitirá a varias dependencias de Gobierno saber dónde están los ciudadanos, qué están (haciendo), y muy probablemente con quién están”, dijo.
“Señores, en manos de politiqueros esta información es sumamente peligrosa. Esto traerá pérdida de privacidad. Sabrán dónde va, con quién está, a qué hora, y qué está haciendo.
Hemos perdido la convicción y este Gobierno no está entendiendo la privacidad y el respeto que se debe tener a los derechos que nos han costado muchos años”, añadió.
El socialcristiano Carlos Felipe García señaló que se consultará a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) sobre el tema.
“Hay que tener muchísimo cuidado en torno a la protección de los datos de los costarricenses y al grado de vulnerabilidad que pueda tener el manejo de estos. Hay alto grado de vulnerabilidad por todo lo que se pueda hacer con esos datos en malas manos”, concluyó.
EL MARCHAMO
De acuerdo con el Poder Ejecutivo, el marchamo electrónico es una tecnología RFID, similar al código de barras que busca digitalizar los permisos de circulación, eliminar papeleos de forma anual y generar un sistema de radiofrecuencia, en el cual se puedan emitir alertas viales.
Toda esa información caería en un sistema centralizado, el cual sería manejado por equipos especiales de la Policía de Tránsito y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Además se pondría un chip en los vehículos que podría agilizar el tránsito durante presas y darles prioridad a los de emergencias.
Igualmente podrá abrir agujas en los peajes, aplicar restricción vehicular e incluso en un mediano plazo permitiría ingreso a parqueos.