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Los mecanismos de control del proceso de reclutamiento y selección de personal policial en el Ministerio de Seguridad Pública podrían tener debilidades, según la Contraloría General de la República (CGR).
Así se desprende de un informe de fiscalización que abarca el periodo entre enero de 2023 y junio de 2026, que advierte de posibles vulnerabilidades que podrían afectar la seguridad.
De acuerdo con el estudio, el sistema actual es incapaz de mitigar riesgos críticos como la infiltración del crimen organizado y la incorporación de personal sin la idoneidad ética requerida.
“Por su naturaleza crítica, esta es una actividad de alta sensibilidad para la seguridad nacional, expuesta a riesgos severos”, según el informe.
La Contraloría indicó que la gestión de riesgos en la contratación de personal está peligrosamente desarticulada de las metas estratégicas del Ministerio.
Una revisión de 95 expedientes de agentes nombrados reveló fallos sistemáticos en la documentación y verificación de antecedentes.
Además, se detectó que el 62% de los expedientes omitió el registro de “Traslado a Comisión Interdisciplinaria”, el órgano técnico encargado de analizar candidatos con antecedentes complejos o perfiles de riesgo.
La fiscalización también detectó que el 37% de los expedientes carece de evidencia sobre el inicio o aprobación del periodo de prueba, un filtro indispensable antes de otorgar la propiedad del cargo.
Asimismo, un 27% de los casos no cuenta con pruebas de que el oficial haya iniciado el curso policial básico, según la Contraloría.
A esto se suma la aparente ausencia de formularios estandarizados para registrar investigaciones pre-empleo en comunidades o revisiones en redes sociales, lo que facilita que candidatos no idóneos superen los controles, de acuerdo con el informe.
“Esto ha derivado en debilidades documentales, criterios discrecionales y vacíos en la verificación de antecedentes que elevan la vulnerabilidad del proceso ante riesgos de infiltración y conflictos de interés”, según el estudio.
Uno de los riesgos más grandes señalados es el reingreso de personal sancionado.
De 187 bajas policiales analizadas (por despido o renuncia con inhabilitación), el 80% (149 personas) no fueron registradas en la Plataforma Integrada de Empleo Público (PIEP) de la Dirección General de Servicio Civil.
Ante estos señalamientos, el Ministerio de Seguridad Pública enfatizó que el informe de la Contraloría no detectó actos de corrupción, manipulación de concursos, contrataciones ilegales ni nombramientos irregulares.
Por otra parte, explicaron que el estudio de la Contraloría se basa en procesos de reclutamiento anteriores y que las recomendaciones se están integrando en un plan de mejora continua.
“La ciudadanía puede tener plena confianza en que el proceso de reclutamiento del Ministerio de Seguridad Pública es completamente transparente”, dijo Carolina Castro viceministra Administrativa del MSP.
Seguridad sostiene que su proceso de selección cuenta con estrictos
filtros técnicos, médicos y administrativos que garantizan la idoneidad de los aspirantes.
“Es importante aclarar que el informe no detectó actos de corrupción, manipulación de concursos, contrataciones ilegales y tampoco nombramientos irregulares”, agregó.
Según la institución, la auditoría validó los controles existentes, aunque recomendó hacerlos más uniformes y mejorar el registro documental.

