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La Sala Constitucional admitió para estudiar el recurso de hábeas corpus que presentó el pasado lunes Jorge Alvarado, quien recurrió a los magistrados porque considera que corre el riesgo de ser encarcelado por no poder pagar ¢2.300.000 por concepto de salario escolar y pensión alimentaria de enero.
Alvarado narró a El Periódico de más Venta en Costa Rica que sus ingresos reales no le permiten cumplir con las obligaciones de sus tres hijas que el juzgado le impuso en noviembre de 2014.
De acuerdo con la oficina de prensa de la Sala Constitucional, el recurso que planteó Alvarado se resolvió expeditamente porque se trata de un hábeas corpus y el recurrente adujo que está en peligro su libertad.
Los juristas constitucionales pidieron al juez del Juzgado de Pensiones Alimentarias del I Circuito Judicial que les remita toda la información del expediente de Alvarado.
Alvarado confirmó que él en dos meses debe desembolsar más de ¢4 millones por concepto de pago de pensión alimentaria, aguinaldo y gastos extraordinarios de ingreso a clases, sin embargo lo que gana no le permite hacer frente a la imposición legal que estableció una jueza.
Presentó la acción ante la Sala Cuarta acompañado de Eugenia Quesada, presidenta de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho), quien recalcó que la norma establecida por los jueces de fijar el mismo monto de los gastos extraordinarios de entrada a clases es arbitraria e ilegal.
Según la experta en familia, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece en su artículo 37 el pago de gastos extraordinarios para los útiles y uniformes escolares, pero no indica que se trate de un salario escolar porque muchos padres no lo disfrutan, solo cierto sector de la población.