La mayor cantidad de exoneraciones fiscales de los últimos tiempos se aprobaron en la administración Alvarado Quesada. Esto según un análisis del Programa Estado de la Nación.
Una exoneración fiscal es una dispensa para el pago de impuestos hacia uno o más sectores específicos el cual genera un efecto en las arcas del Estado. Al día de hoy existe más de 1.462 vigentes.
El Programa Estado de la Nación, con la colaboración del Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, desarrollaron un registro de las exoneraciones fiscales que se han aprobado y se mantienen vigentes en Costa Rica desde 1953.
La información se retomó en un reciente artículo en el que se dice que un 27% del total de exoneraciones vigentes incumple con lo que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. No tienen un finiquito de tiempo. Se dice que durante el gobierno de Carlos Alvarado se aprobaron un total de 104 exoneraciones fiscales, contra 76 de la administración Solís Rivera y 34 de la Chinchilla Miranda.
Del informe del Estado de la Nación se extrae que la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de 2018, trajo consigo la aprobación de 10 exoneraciones, la mayor parte asociadas al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
De la lista se extrae además que se aprobaron varias leyes de apoyo a sectores por la llegada del Covid-19 y atención de la pandemia.
SE DESCONOCE IMPACTO
EN FINANZAS PÚBLICAS
“La administración Alvarado Quesada (2018-2022) dejó como producto 3 veces más exoneraciones que las aprobadas en el periodo de Chinchilla Miranda (2010-2014)”, señala el documento.
Del Poder Ejecutivo salieron 38 propuestas, mientras que del período legislativo un total de 66. En caso del mandato de Rodrigo Chaves, entre mayo y agosto de 2022 se han promulgado 21 exoneraciones.
El análisis deja ver que no se conoce el impacto de estas exoneraciones, pues no existe un registro sistematizado o información pública que permita identificar el peso que tienen para las finanzas públicas.
Tampoco se sabe el beneficio que puedan tener en la economía costarricense.
Destacan que, aunque las exoneraciones tienen como objetivo apoyar a grupos vulnerables, favorecer sectores productivos específicos y facilitar acuerdos comerciales y diplomáticos, el instrumento también significa una pérdida en la recaudación del gobierno.
Los investigadores recomiendan que las nuevas aprobaciones cumplan con algunas condiciones atenuantes que permitan su precisión.