Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Las reuniones sociales, llamadas o visitas al Congreso, la influencia que los magistrados o candidatos al cargo buscan ejercer sobre los diputados y partidos políticos a través del popularizado “lobby político”, debe acabarse.
Se ha tornado común ver a los aspirantes recorriendo los pasillos legislativos, tocando las puertas a los diputados, llamándoles, pidiéndoles un espacio para convencerlos de su respaldo, pero también ha trascendido, la ejecución de encuentros con tinte social en la que jueces de los altos tribunales han promovido o bloqueado postulaciones. ¿Qué acuerdos se tejen a cambio de este respaldo?
El propio presidente de la Comisión de Nombramientos, Jorge Rodríguez, ha dicho sin reparo que, en el período del bipartidismo, los magistrados se nombraban turnándose, uno afín al Partido Liberación Nacional y otro por la Unidad Socialcristiana. ¿A cambio de qué?
Es urgente transparentar el proceso de elección de los representantes de uno de los pilares de la democracia, como es el Poder Judicial. Para ello, uno de los primeros pasos que se debe dar es prohibir el “lobby político”.
Así lo propone ya la Corte Plena como parte de su programa de “Medidas Urgente de Reforma del Poder Judicial”, frente a una crisis en que la imagen y credibilidad del Supremo Poder se ha visto lesionada, en específico la figura del magistrado se ha visto resquebrajada.
Desde la divulgación de fotografías en la que el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Carlos Chinchilla, se vio expuesto celebrando con los diputados su designación, revelando a todas luces una cercanía imprudente que como el mismo magistrado reconoció bajo juramento en la Asamblea Legislativa, hay un “antes y un después” de esa fiesta que marca la improcedencia de la decisión; hasta la cercanía que podría tener el magistrado Celso Gamboa con otras fuerzas políticas, que están bajo investigación, todo lo cual recalca la necesidad de aplicar reformas.
¿Un manual de conducta? ¿Amiguismos y fiestas? Esas restricciones son las que hasta ahora los magistrados quieren plantearse en un “Protocolo de Conducta de Servidores Judiciales” que rige en otras naciones del mundo, y que muestra la urgencia de aplicar en el país, para evitar conflictos de interés.
Erradicar el lobby es solo un primer paso, pero despolitizar completamente la designación de estos nombramientos debe ser la decisión contundente.
Por orden constitucional, son los diputados los responsables de designarlos, pero lo hacen sin siquiera seguir una tabla con elementos claros sobre lo que valoran.
Se está a expensas de que, en un primer filtro, el grupo de legisladores miembros de la Comisión de Nombramientos definan, cada uno bajo su criterio, los tres perfiles idóneos y se lo recomienden al plenario para que sea este cuerpo legislativo el que tome la decisión. Sin embargo, se corre el riesgo que los otros 54 diputados no se acojan a la recomendación, se saquen de la manga a un postulante que no pasó ni una sola etapa del proceso y se acomode a sus pretensiones.
Los procesos disciplinarios que se siguen en contra del magistrado Celso Gamboa, incluso vinculado al caso del cemento chino, -quien descuenta tres meses de suspensión en el cargo- siendo uno de los últimos nombramientos que realizaron los diputados actuales, que logró reunir el respaldo de prácticamente todas las banderas partidarias, ha hecho reconocer que urge una reforma.
Una propuesta radical del diputado Jorge Arguedas es sacar del Congreso esta designación y en su lugar crear un Consejo de la Judicatura. Por su parte, el congresista Mario Redondo se inclina por imponer nuevas restricciones, por las que, en palabras sencillas, Gamboa no podría ser magistrado. Para Redondo debe garantizarse que no se nombren “personas políticas, sino juristas”, así tendría que tener como mínimo 10 años fuera del Poder Ejecutivo o la Asamblea Legislativa, una edad mínima de 45 años, y restricciones con sus parentescos familiares.
Ni compinches, ni sacadas de clavo, ni favores políticos, la elección de magistrados debe regirse por los niveles más altos de idoneidad para el cargo, que le permitan al ciudadano guardar confianza sobre quienes tienen en sus manos impartir justicia.
Antes de culminar el período legislativo en mayo del 2018, los diputados deberían dar un paso al frente con esta reforma, -valorar con responsabilidad la propuesta que genere la Corte Suprema de Justicia- así como de paso, hacerlo con el régimen sancionatorio que tienen engavetado para regular su trabajo y sus conductas, porque en este momento, hasta tienen vía libre para trabajar bajo los efectos del licor.