Maniobra contra la hacienda pública en caso Bancrédito
El expresidente de la República Luis Guillermo Solís (2014-2018) será llevado ante los tribunales de justicia para enfrentar un proceso penal junto con cuatro exfuncionarios de su Gobierno, por el caso conocido como Bancrédito.
La Fiscalía Anticorrupción consiguió ordenar la apertura a juicio en contra del exmandatario por el presunto delito de influencia en contra de la hacienda pública, dentro del asunto en cuestión, según confirmó el Ministerio Público.
Además, al ex primer vicepresidente y exministro de Hacienda Helio Fallas Venegas, el exministro de la Presidencia Sergio Alfaro Salas, la ex viceministra de Egresos y tesorera nacional Marta Cubillo Jiménez y el subtesorero nacional Mauricio Arroyo Rivera.
“Respecto a los alegatos de que la conducta de los encausados(-as) no causó ningún perjuicio a la hacienda pública, se debe señalar que de acuerdo con los elementos objetivos del tipo penal no se requiere de ese resultado o daño patrimonial para los intereses públicos o de la hacienda pública.
Sino que basta con influir, dirigir o direccionar actuaciones que afecten los intereses patrimoniales o de la hacienda pública, pues, el mismo artículo en sus últimas líneas señala ‘o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin’, por lo que estaríamos ante un delito de mera actividad y no de resultado, que precisamente sería el tema para discutir en el debate”, indica parte de la acusación a la que tuvo acceso Diario Extra.
De acuerdo con la autoridad judicial, ahora se debe esperar a que se programe una fecha para la realización del debate.
Este medio conversó con Roger Guevara, abogado defensor del expresidente, para conocer su posición ante esta información, quien confirmó que ya fue notificado.
“Luis Guillermo está muy tranquilo, está seguro de su inocencia y que todas las decisiones que tomó fueron basadas en criterios técnicos con absoluta transparencia y absolutas consultas con los diferentes departamentos, entes y órganos regulatorios que tenían que ver con Bancrédito, y que eran las que se debían tomar”, declaró Guevara.
Añadió que así lo ha demostrado el tiempo, debido a que el cierre de esta entidad se dio de forma ordenada y sin costos para todos los involucrados.
“No ha causado ningún problema para las personas que estuvieron vinculadas con el banco, no se dio lo que estamos viendo con varias entidades actualmente, que han sido intervenidas”, argumentó.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, Solís y otros cuatro miembros de su Gobierno habrían trasladado recursos de la Tesorería Nacional a Bancrédito sin sustento técnico con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
Según el Ministerio Público, se buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decretara la intervención de la entidad bancaria, debido a los problemas de solvencia que enfrentaba.
Del mismo modo, se habría buscado que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero decretara la intervención del banco y, además, se hicieron inversiones riesgosas por ¢118 millones, afectando, supuestamente, el Presupuesto Nacional 2018. Bancrédito cerró el 31 de diciembre de 2017 y fue absorbido entonces por el Banco de Costa Rica.
