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Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público decidieron elevar la denuncia por presunto conflicto de intereses contra Carlos Obregón, presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y la directora jurídica, Julieta Bejarano.
A ambos los acusan de conformar una empresa como exempleados del ICE denominada GIP para brindar asesoría en estructuración financiera y administración de proyectos eléctricos al Instituto en 2005.
Cinco años después Bejarano retorna a la institución, al igual que Obregón en esta administración, tomando decisiones que según argumentan los diputados, favorecen a dicha compañía.
“Nos parece que va quedando en evidencia un conflicto de intereses muy serio que hemos decidido trasladar a la Procuraduría de la Ética. Este conflicto de intereses que se materializa en el hecho de que vienen funcionando desde hace varios años fideicomisos operativos para proyectos hidroeléctricos, los cuales fueron acordados cuando estaban el señor Obregón y la señora Julieta Bejarano como funcionarios del ICE. Posteriormente ellos se van de la institución, crean una empresa privada que se llama GIP, esa empresa empieza a contratar y operar esos fideicomisos, de manera directa por el ICE y a ganar decenas de miles de dólares. Vuelven a la institución el señor Obregón y la señora Bejarano y se ha señalado que han tomado y siguen tomando decisiones que influyen en beneficios que tiene la empresa GIF, empresa que fundaron y le presta servicios de un alto valor al ICE”, acusó el diputado Mario Redondo, presidente de la Comisión.
El legislador afirma que GIP fue contratada para la estructuración financiera de los proyectos Peñas Blancas, Garabito y Toro III. Además, critica que a partir del retorno de Bejarano a la institución se estimó que el ICE no estaba obligado a implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Para garantizar un manejo claro de las finanzas de la institución, Redondo insiste en que el ICE debió migrar desde 2008 a ese sistema de normas.
La directora jurídica del ICE se acogió al retiro voluntario en 2004 y en 2005 fundó GIP. “Es cuestionable que por criterio de Bejarano el ICE no aplique NIIF y no pase a arrendamientos financieros. ¿Será que GIP se beneficia de esto? Si entre 2009 y 2010 -cuando no estaba Bejarano- el ICE usó arrendamientos financieros sin Unidad Ejecutora, ¿entonces para qué contratar a GIP?
Estamos ante un mecanismo muy cuestionable de manejo de proyectos eléctricos que beneficia a exfuncionarios del ICE y afecta tarifas”, concluyó el congresista.