Acusación contra Chaves por caso BCIE está ahora en manos de la Corte Plena

Magistrados deberán decidir si procede enviar requerimiento para levantamiento de la inmunidad del presidente a la Asamblea Legislativa

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La acusación que hizo la Fiscalía General de la República, contra el presidente Rodrigo Chaves, por el presunto delito de concusión en el caso del contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) está ahora en manos de los magistrados de la Corte Plena.

La oficina de prensa de la Corte, confirmó a Grupo Extra que la Sala Penal terminó de analizar la acusación y remitió el expediente a los magistrados.

“El expediente consultado ya fue remitido a la  Secretaría General de la Corte, con el informe solicitado para conocimiento de Corte Plena. Ya verificamos y el expediente ya ingresó a la Secretaría para el trámite que corresponde”, indicó la comunicación de la Corte.

Ahora deberán ser los magistrados que conozcan el caso, y definir si envían el expediente a la Asamblea Legislativa, para que los diputados levantan o no la inmunidad a Chaves, para que pueda ser juzgado por ese supuesto delito.

Cabe indicar que tanto el informe, como la sesión de Corte Plena que conocerá el expediente, serán privadas, ya que la Corte se convierte en un Tribunal.

Todavía no hay una fecha definida para esa sesión.

La Fiscalía investiga una presunta dádiva que el productor Christian Bulgarelli habría dado al exasesor presidencial Federico Cruz, conocido como ‘Choreco’.

Bulgarelli fue la persona adjudicada por un contrato con el BCIE para una labor de comunicación de Casa Presidencial.

Según el fiscal general Carlo Díaz, se trataría de un monto de $32 mil para la compra de una casa.

La tesis de la Fiscalía es que se obligó o indujo a Bulgarelli a pagar esta dádiva (regalo) a Cruz, (también amigo personal del presidente Chaves), producto de la contratación con el BCIE.

Esta asignación se dio derivado del “contrato marco de prestación de servicios de consultoría”. 

A ‘Choreco’ se le sigue la causa penal 25-000044-0033-PE.

Al presidente se le acusó también del delito de concusión, el cual significa obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial.