El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó la noche del sábado instar a la Presidencia de la República para que, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, haga públicos los términos del “acuerdo mutuo” del cese de la concesión de la ruta San José-San Ramón a la empresa OAS.
Asegura que la Ley General de Concesión de Obra Pública permite, inapropiadamente, este tipo de cesiones inconvenientes a los intereses del país, en la medida que anula la rigurosidad que se sigue en los procesos licitatorios de una concesión y abre espacios para una renegociación del contrato en condiciones que, como en el caso de San José-San Ramón, pueden resultar muy desfavorables para el país.
La aplicación de la figura de la concesión de obra pública debe enfocarse en la creación de obra nueva, sin detrimento de los intereses estratégicos y la soberanía nacional.
Para los universitarios existen alternativas a la figura de concesión de obra pública, entre las que están inversión estatal, fideicomiso, préstamo y sistema de peaje revertido. Este último sugerido por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica.
Por eso en una democracia participativa el gobierno está obligado a brindar la información necesaria y oportuna sobre los alcances de todo proyecto público, también debe proveer los mecanismos de participación ciudadana (voto de la Sala Constitucional No.10693-2002, del 7 de noviembre de 2002).
Las obras públicas deben ser un medio para mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo de las regiones, por lo que la participación de las comunidades es fundamental para la toma de decisiones.
Con esos argumentos además solicitan a la Asamblea Legislativa la revisión de la Ley de Concesión de Obra Pública, Ley No.7762, con el fin de realizar las modificaciones pertinentes, a la luz de la conveniencia nacional de esta figura y a partir de la experiencia que ha tenido el país en esta materia.