El ministro Édgar Ayales ha salido, lanza en ristre, a justificar por anticipado un nuevo intento de paquete de impuestos, con la excusa de dar “sostenibilidad al acuerdo social costarricense”.
Las últimas informaciones relativas a Recope (monopolio estatal manejado por una sociedad anónima) evidencian que se han gastado millones de dólares en estudios para una nueva refinería (refinería china), a través de una sociedad caribeña, y que estos estudios fueron rechazados por la Contraloría.
Dejan claro además que los trabajadores de Recope ganan tres veces más que los de energía, incluso que los del ICE. También dejan sin duda que los trabajadores de la refinería siguen estando en planilla y ganando, aunque Recope hace rato que tiene la refinería varada.
Aún más, ha quedado demostrado que, además de todo, los empleados de Recope (después de lo informado no hay que llamarlos “trabajadores”) en la refinería (la que está varada) siguen ganando “horas extra”.
¿Es ese el acuerdo social costarricense que Ayales quiere sostener con más impuestos? Tal abuso es insostenible, injustificable e ilegítimo. Como ejemplo es pésimo, como gollería es típica y como acción pública es una indiscutible desgracia.
¿Cómo andan las demás gestiones de la administración pública? Hace poco el MEP anunció dos cosas: por un lado la firma de una convención colectiva (ventajas para el sindicato) y por el otro que se esperaría a finales de segundo grado para evaluar que los niños aprendan a leer y escribir (desventajas para quienes asisten a la educación pública). ¿Es también una muestra del acuerdo social costarricense para el cual quieren atosigarnos más impuestos? ¡Qué barbaridad! Más costo por servicios más malos.
Y podemos seguir…
Basta con expresar que el Estado costarricense está moroso, señalado como incumplidor, mal prestador de servicios, inoportuno, corrupto y complicado. No alcanza las metas fijadas y cada vez gasta más. ¡Eso no forma parte de un acuerdo social! Además tal situación no es sostenible ni vale la pena sostenerla.
Tenemos un Estado lleno de clientelismo político, inequidades, abusos por doquier, tramitopatías e irrespeto jurídico mayúsculo. Tal Estado no puede ser parte de un supuesto acuerdo social costarricense.
El pueblo costarricense aceptó impuestos para tener mejores carreteras, para acabar con la pobreza extrema, para mejorar la educación de todos, para tener vivienda digna, para que su seguridad ciudadana fuera efectiva, no para alimentar la burocracia, inflar el Estado, inflar la moneda, desviar los fondos o tirarlos en trochas mochas, dilapidar recursos en estudios inconducentes, repartir bonos de vivienda con criterio electoral y sin disminuir el problema.
El Estado ha incumplido su parte y no tiene derecho a exigir más contribuciones, impuestos ni recursos. El acuerdo social invocado, de existir, no es para sostener una mala administración, clientelismo, corrupción e ineficacia.