
La noticia del nombramiento de una jueza propietaria y tres suplentes en el Tribunal Ambiental, con lo que se reactiva el funcionamiento del órgano, no fue del todo bien recibida por diferentes organizaciones ambientalistas, tal como comprobó DIARIO EXTRA.
Según indican, la reciente directriz del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) DM-814-2024, del 18 de setiembre, pone esa entidad de resolución administrativa bajo la jerarquía de intendencias políticas, por lo que sus decisiones pueden verse afectadas por objetivos de la cartera.
El Tribunal Ambiental quedará específicamente bajo coordinación del Viceministerio de Gestión Estratégica, cuya responsabilidad es, entre otras, “preparar proyectos, acciones y cambios estratégicos para enrumbar la institución hacia una mejor competitividad y eficiencia, además de monitorear y gestionar lo que se ha implementado”, según indica la misma directriz.
Los grupos ambientalistas además aseguran que ese tribunal tiene años de retraso en sus labores, debido principalmente a la falta de personal y presupuesto, así como a la sobrecarga de trabajo.
Al respecto Edgardo Araya, exdiputado y experto en derecho ambiental, comenta que algunos de los casos vistos por la dependencia del Minae llevan más de 10 años en análisis y que incluso muchos prescriben debido a la tardanza en dictar sentencia.
Asimismo, señala que debido a la falta de jueces desde hace más de un año muchos casos fueron frenados, por lo que todos los vistos desde 2023 están congelados hasta la fecha.
En el caso de Henry Picado, de la Federación Costarricense para la Conservación (Fecón), y Marco Levy, de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, denuncian que varias decisiones del Minae en esta administración hacen dudar sobre la idoneidad de las elecciones o de la independencia de criterios a partir de ahora.
