Cuestionan que no se los hayan dado
Los acreedores de Coopeservidores que tenían más de ¢6 millones en esta institución solicitaron al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) explicaciones del por qué no han recibido el dinero que les corresponde, por medio de un oficio dirigido a toda la junta directiva que entregaron el 10 de octubre.
Cuando se vendió la cartera de Coopeservidores al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BP) este se comprometió a cancelar alrededor del 50,68% de lo invertido o ahorrado en la entidad financiera.
En el cronograma que el Popular decidió se habló que este grupo de inversionistas recibiría sus recursos durante setiembre, pero esto no ocurrió.
Según Luis Marín, vocero de los afectados, “en días pasados nos reunimos con el señor Marco Hernández y nos indica que el atraso que tenemos para recibir nuestro dinero obedece a que encontraron sumamente contaminada la cartera del Banco Popular y que está en un proceso de sustitución de cartera”.
Incluso comentó que recibieron la indicación sobre la posibilidad de realizar pagos en efectivo a los acreedores.
DESCUENTOS
Los perjudicados por la situación también cuestionan los supuestos descuentos que estaría recibiendo el BP por comprar los activos de la cooperativa financiera.
Conforme los quejosos, “el Banco Popular adquiere ¢451.480 millones de activos y solo paga por ellos ¢411.580 millones, siendo la diferencia ¢39.900 millones, múltiples descuentos que se le otorgan en la operación”.
Además, consideran que esa rebaja se realiza en detrimento de los fondos que son de los ahorrantes del ente intervenido y resuelto. “Recordemos que estos ‘descuentos’, otorgados por el equipo resolutor, terminan siendo pagados por nosotros, los inversionistas, y fueron otorgados con el fin de anticipar problemas de pago o deterioro de cartera”, argumentan.
PIDEN QUE LA ESPERA ACABE
De acuerdo con los firmantes, ese descuento de contingencia era por cualquier problema que sucediera en la cartera. Sumado a esto, manifiestan que las gestiones de cobro han permitido recuperar ¢23.683 millones.
“Estos montos pertenecen a los inversionistas y nos deben ser retribuidos como parte de la recuperación de nuestras inversiones. Es inaceptable que este dinero se utilice en subsanar o restituir cartera crediticia al Banco Popular”, afirman.
El retraso habría ocasionado que el resto de la cartera por vender (¢264.460 millones bruta) no se pudiera ofrecer al mercado, esperando la finalización de esta sustitución.
“Estos dineros recuperados representan casi un 5% de disminución de nuestro recorte y no deberían usarse para otro fin que no sea retribuir a los afectados parte de su patrimonio perdido”, concluye el oficio.
Por esta razón, solicitan que se pida a la autoridad resolutoria cerrar la negociación con el Popular, pagar los recursos correspondientes a los inversionistas para moverse inmediatamente a la segunda etapa y efectuar la venta de la cartera restante.
