La Sala IV acogió un recurso de amparo en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la ministra de Salud, Joselyn Chacón, por separar a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El recurso fue presentado por el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae-Afines).
De acuerdo con el gremio, la decisión tomada desde Casa Presidencial violenta diez artículos de la Constitución Política.
Además, consideran que, la separación de José Luis Loría Chaves, Maritza Jiménez Aguilar, Martha Rodríguez González, Jorge Arturo Hernández Castañeda y Carlos Salazar Vargas es “arbitraria” y sin criterio “técnico”.
El principal motivo para sacar a dichas personas es que avalaron un ajuste salarial retroactivo de ¢7.500 a los trabajadores de la salud.
Es la segunda ocasión que, en esta semana, distintos grupos aseguran que las decisiones tomadas desde el Ministerio de Salud carecen de sustento científico y, además, responden a intereses politiqueros o populistas.
En contraparte, es la primera y única vez en la historia que el Poder Ejecutivo separa de su cargo a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja.
MÁS QUEJAS
Los sindicatos catalogan que la medida de Chaves ha generado una inestabilidad en la institución, afectó la autonomía y al Estado Social de Derecho.
Además, “desmembró” el máximo órgano de una institución
“Al no sesionar, la CCSS no podrá adoptar los acuerdos necesarios para mantener su gestión al frente de la salud del país, y eso significa que la institución autónoma se encuentra paralizada por un accionar del Poder Ejecutivo, que coloca en riesgo decisiones relacionas con el portafolio de inversiones, infraestructura, equipamiento implementación de tecnología y fortalecimiento de recurso humano, a favor de la salud de todas y todos los costarricenses”, señalan desde Sinae-Afines.
“Al no contar con el cuórum legal estructural, se coloca a la institución en riesgo de no poder adquirir por medio de procesos de compra, insumos importantes para el buen funcionamiento de todos los centros asistenciales que posee, llámese hospitales, CAIS, clínicas, Áreas de Salud, EBAIS, etc., como activos, equipos médicos, medicamentos entre otros, atentando contra la salud y la vida de la población del país”, dijo Hernández Navas, secretario general del gremio
EXPEDIENTE
De acuerdo con el expediente N.º 22-028375-0007-CO, Casa Presidencial deberá emitir un informe en tres días hábiles sobre los motivos por los que se destituyeron los representantes de la junta directiva y las pruebas pertinentes.
El mismo documento indica que, “cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir al informante en las penas del perjurio o del falso testimonio”. “Nos sentimos satisfechos por el actuar de la Sala Constitucional. Interpusimos el recurso de amparo para defender que los sectores laborales tenemos el derecho de escoger a nuestros representantes y la única forma de separarlos de la Junta Directiva de la CCSS es a través de una orden judicial de un juez y no así por la decisión administrativa del Consejo de Gobierno, que lo catalogamos como sacada de clavo política”, manifestó el sindicalista.
“Sabemos que le dan tres días al Ejecutivo para contestar los argumentos expuestos por nosotros sobre la autonomía de la CCSS ante su actuar, que coloca en riesgo a la seguridad social a través de esta injerencia en el Seguro de Salud y de Pensiones”, concluyó.