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Los diputados que integran la Comisión Especial que busca corregir las dudas sobre el proyecto de ley conocido como extinción de dominio, aprobaron acoger un nuevo texto de la iniciativa que servirá de base para una propuesta final.
El texto fue un aporte del trabajo de personal del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), de la Fiscalía General y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Precisamente representantes de estas instituciones comparecieron este martes en audiencia para explicar los alcances del texto y la importancia de aprobar esta ley que busca golpear al crimen organizado confiscando sus bienes y patrimonio.
Las dudas de los diputados pasan porque el proyecto que estaba como base, podría ser inconstitucional.
Esto porque ponía en duda el principio de presunción de inocencia que exige a las autoridades demostrar la culpabilidad del delito acusado y pone a la persona denunciada en la posición de demostrar que los bienes a su nombre fueron adquiridos sin irregularidades.
“Este texto sustitutivo que acogimos da mayor garantía en el proceso porque coloca la intermediación de un juez y los recursos apelables para esas resoluciones y que se tengan plazos y así ir limando algunas de las asperezas iniciales”, explicó el presidente de la comisión el liberacionista Gustavo Viales.
El socialcristiano Pablo Abarca alabó que el texto aprobado define mejor algunos términos, pero aún así mantiene algunas inquietudes sobre el proyecto.
ESTRCUTURAS PARALELAS
La diputada Zoila Volio del Partido Integración Nacional (PIN) insistió que si bien hay claridad en la necesidad de otorgar este tipo de herramientas a las autoridades que combaten el crimen organizado, preocupa el hecho que le pueda extinguir la propiedad a una persona y que se le vea como culpable y deba probar su inocencia.
Sin embargo, este argumento fue refutado por tanto por la fiscal Ligia Cerdas, como por el director del ICD, Guillermo Araya.
La representante del Ministerio Público explicó que no siempre la persona que comente la actividad delictiva es la que tiene los bienes o activos.
“En la legitimación de capitales y el crimen de organizado el objetivo es tratar de alejar los activos del origen ilícito, si una persona se dedica al narcotráfico o trata de personas, por poner dos ejemplos, lo primero que hará es ver como esconde y mezcla esas ganancias o tratar de incorporarlas dentro del flujo normal económico de la sociedad”, explicó Cerdas.
Por ello existen estructuras paralelas que se dedican a lavar dinero y que no tienen relación con el crimen, pero si ayudan en el delito primario.
SENTENCIA
Por su parte Araya recordó que en este texto nuevo se incluye la sentencia de un juez por lo que la extinción de dominio no la da, ni el Ministerio Público, ni el OIJ ni el ICD.
“Es un juez que da una sentencia declarativa de extinción de dominio a favor del Estado, para que en situaciones donde los bienes están a nombre de otra persona, se pueda aplicar una investigación patrimonial y determinar por ejemplo, por qué una persona que no tienen trabajo tiene 30 millones de colones en su cuenta”, afirmó el director del ICD.
El texto acogido se envió a consulta a 45 instituciones entre ellas la banca pública, Poder Judicial, Procuraduría, Contraloría, entidades del sistema financiero, cámara de empresarios, facultad de derecho de la Universidad de Costa Rica, entre otros.
Esta comisión tiene un plazo de dos meses para enviar una recomendación final al Plenario para la aprobación de esta ley.