Los Tribunales de Justicia le dieron la espalda nuevamente a La Nación al aceptar una prueba internacional aportada por la fiscalía y que según los abogados defensores fue obtenida de manera ilegal.
De esta forma sigue adelante el proceso que se lleva contra este medio de comunicación por el delito de evasión fiscal por una suma cercana a los ¢2 mil millones.
El Tribunal Penal de Hacienda declaró inadmisible el recurso de la defensa en contra del rechazo para que se declarara como espuria, o sea errónea, la prueba bancaria que se presentó.
No obstante, los jueces sí le dieron la razón a La Nación para que se realizara un nuevo proceso, donde se analice el acto de intimación de cargos de uno de los acusados y sobre los expedientes administrativos de la Superintendencia General de Valores que supuestamente también fueron obtenidos de manera irregular.
Es por ello que únicamente para estos dos casos tendrá que nombrarse un nuevo juez.
En este proceso se encuentran imputados los accionistas de ese medio de comunicación Manuel Francisco Jiménez, Javier León Longhi y Carlos Alberto González Jiménez por el delito de defraudación fiscal.
PRUEBA INTERNACIONAL
Cerca de las 11 a.m. terminó la lectura de la resolución del Tribunal, donde se reconocía el por tanto de la jueza Juliana Leiva, quien había considerado que existía una orden legal válida en Costa Rica para el levantamiento del secreto bancario, que fue emitida por un juez.
Según los abogados defensores, el hecho de que la fiscalía hubiera solicitado las pruebas financieras al Banco Banex, que en ese momento operaba en el país y posteriormente pasó a ser HSBC, pero que este por no contar con ellas se las solicitaron a su subsidiaria en Bahamas, donde tienen su operación conocida como “off shore”, hizo que la prueba fuera inadmisible. Actuación que el Tribunal avaló y por eso se rechazó el alegato.
Los hechos sucedieron en 2004, cuando el Ministerio Público inició una causa contra La Nación al recibir una denuncia de la Dirección de Tributación Directa por defraudación al fisco por ¢1.900 millones, por la supuesta simulación de la venta de dos rotativas, las cuales nunca abandonaron las instalaciones de ese diario.