Los números son escalofriantes y nos confrontan con una realidad que como sociedad no debemos seguir ignorando: en Costa Rica estamos perdiendo a una mujer cada tres días a causa de la violencia.
Los datos más recientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelan una tendencia alarmante que debe sacudir nuestra conciencia colectiva y exigir acciones inmediatas.
En tan solo 48 días de 2025 hemos sido testigos de 17 muertes violentas, un incremento dramático comparado con las cuatro víctimas registradas en el mismo periodo del año anterior.
El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia ya ha clasificado cinco de estos casos como femicidios y la cifra podría aumentar conforme avanzan las investigaciones.
Lo más preocupante es que estos crímenes están adoptando nuevos patrones. Tal como señala el especialista Mario Arias, ya no se trata únicamente de la violencia doméstica tradicional.
Ahora enfrentamos una realidad en la cual las féminas mueren en ajustes de cuentas, sufren daños colaterales en disputas del crimen organizado y son víctimas de la creciente violencia territorial que azota a nuestras comunidades.
El caso más reciente, el de una embarazada que asesinaron a tiros en plena capital, ilustra la brutal realidad que enfrentamos.
Cada una de estas muertes representa no solo la pérdida de una vida, sino también el fracaso de nuestra sociedad en proteger a sus ciudadanas más vulnerables. Es hora de que el Gobierno asuma su responsabilidad con acciones concretas y contundentes.
Necesitamos un fortalecimiento inmediato de las unidades especializadas en investigación de femicidios, mayor presencia policial en zonas de alto riesgo y programas de prevención efectivos, recursos adicionales para los planes de protección a mujeres en situación de vulnerabilidad, revisión y fortalecimiento de los protocolos de atención a denuncias de violencia.
Sin embargo, la responsabilidad no recae exclusivamente en las autoridades. Como sociedad debemos reconocer que cada femicidio es el resultado de una cadena de violencias que hemos permitido por demasiado tiempo. El silencio, la indiferencia y la normalización de la violencia nos hacen cómplices.
Es imperativo que cada sector de la sociedad asuma su papel en esta lucha.
El sector educativo está llamado a reforzar los programas de prevención de la violencia y promoción de la igualdad.
Los medios de comunicación deben mantener el tema en la agenda pública y dar seguimiento a los casos sin caer en el sensacionalismo. Las comunidades, por su parte, tienen que fortalecer sus redes de apoyo y denuncia.
