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La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la prestación de servicios públicos básicos en las ciudades rurales del país sigue siendo ineficaz, con deficiencias que impactan directamente la calidad de vida de sus habitantes.
El reciente informe se basa en los casos de Aguas Zarcas, Nicoya, Orotina y Quepos; sin embargo, se señala que el problema de acceso persiste en todas las zonas fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).
Mal manejo de aguas “negras”
Este es el punto más crítico, catalogado en el documento como “el servicio público básico con mayor desatención”.
En localidades evaluadas no existen sistemas de alcantarillado ni plantas de tratamiento, lo que obliga a la población a recurrir a soluciones artesanales.
Acceso al agua potable no es universal
Presenta limitaciones donde, si bien en algunos casos hay redes de distribución, la cobertura no es universal y la información disponible es incompleta, lo que impide garantizar que todas las viviendas cuenten con un servicio seguro y constante.
Electricidad deficiente
La Contraloría detectó falencias en la modernización de la red y en los mecanismos de control, así como rezagos en la implementación de tecnologías que permitirían una gestión más eficiente; esto por la falta de medidores inteligentes.
Recolección de basura no cubre el territorio
El texto especifica que “el servicio de recolección no alcanzó una cobertura del 100% del territorio”, lo que se traduce en acumulación de desechos en algunos sectores y riesgos para la salud pública.
Centro de salud y escuelas lejanas
En temas de salud, la CGR destacó que, si bien existen suficientes centros de atención, las distancias entre los hogares y los servicios médicos resultan demasiado extensas, incluso de hasta 4 kilómetros para acceder a una consulta, lo que dificulta la atención preventiva y oportuna.
Problemas de conectividad
Otro factor de rezago que se destaca es la falta de conectividad digital, debido a que el despliegue de redes móviles de última generación avanza con lentitud y persisten trabas normativas y administrativas que impiden una cobertura adecuada de internet y telefonía móvil en territorios rurales.
