Cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) están en la mira por la licitación exprés en la que al parecer se adjudicó un contrato de infraestructura y sistema eléctrico en veinticinco minutos.
La junta directiva decidió acoger la recomendación de la auditoría interna para abrir un procedimiento administrativo a los funcionarios de apellidos Mestayer, Díaz, y Monge.
Estos se desempeñan en áreas de proveeduría, financiera y administrativa del instituto, según supo este medio.
El otro funcionario es Alejandro Ortega, director ejecutivo del Infocoop. Se pretende conocer la verdad de los hechos y, si procede, que se aclaren las responsabilidades administrativas, civiles y penales.
De igual modo, se avaló la remisión de la investigación preliminar al Ministerio Público. Se trata del informe AI 010-2023 y hace referencia a la contratación directa 2022CD-000056-0017200001.
Fuentes allegadas a este medio indicaron que la decisión se tomó el pasado 17 de enero en la sesión virtual N°129.
Tal como lo informó el Periódico de Pueblo, el concurso se abrió a las 9:25 p.m. y concluyó ese mismo día a las 9:50 p.m., o al menos es lo que registra el sistema.
El monto estimado de la contratación es de ¢85.000.000. Uno de los hallazgos fue la ausencia de la garantía de cumplimiento presentada por el adjudicatario, la cual aseguraría la correcta ejecución del contrato.
Dicho contrato recayó sobre la empresa Servicios de Mantenimiento Waw Sequeira S.A. La vigencia va del 12 de setiembre 2022 hasta el 12 de marzo 2023.
La auditoría forense de KPMG realizada al Infocoop terminada en 2017 hizo referencia a la recurrencia en la contratación de dicha empresa y es que obtuvo 12 contratos entre los años 2012 y 2016 por un monto cercano a los ¢435 millones.
Se cree que podría haber un riesgo reputacional, habría un eventual riesgo sobre la imagen de la institución ante la exposición mediática por el uso inadecuado de recursos públicos a través de la gestión de procesos de contratación contrarios a lo dictado en la normativa relacionada.
Asimismo, se señala un eventual daño patrimonial, que se considera inestimable. Algo que se debe investigar son los costos asociados de los materiales utilizados por el contratista, y su procedencia.