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La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para que se abra una investigación sobre el proceso de concesión en el puerto Caldera.
La moción se aprobó luego que una Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) señalara deficiencias por parte del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) que ponen en riesgo la continuidad de los servicios en el puerto.
Del mismo modo, el documento señala que el plan de trabajo para la nueva concesión presenta un alto “riesgo de atraso”, falta de una estrategia para la transición operativa y protocolos desarticulados.
El contrato de concesión de servicios públicos concluye el 11 de agosto de 2026. El de remolcadores finaliza el 12 de diciembre de 2026.
“Da vergüenza lo que ha estado pasando en el muelle de Caldera. La condición de Caldera es dramática y asfixiante. Basta con observar que en la Bahía existen entre 10 y 20 barcos diarios. Cuando se justificó la concesión de este puerto, nos decían que sería uno de los puertos más eficientes de América Latina y hoy en día, es todo lo contrario. Cada vez más nos hundimos más en un caos total”, señaló Francisco Nicolás, diputado del PLN.
Los diputados aprobaron una moción para que Marta Acosta, contralora general de la República, se pronuncie sobre el informe y no descartan convocar a las autoridades portuarias, así como del Incop.