La Defensoría de los Habitantes inició una investigación relacionada con las carpas que el Ministerio de Justicia y Paz busca implementar para aliviar la sobrepoblación y hacinamiento en los centros penitenciarios del país.
Conforme detalló el ente defensor, el Ministerio no logra llegar a la etapa de viabilidad de este proyecto, que ha dado a conocer en diferentes momentos. “Agregó que cuando esa cartera ministerial concrete y defina la viabilidad del proyecto, y con mayores especificaciones, lo pondrán en conocimiento de la Defensoría de los Habitantes y dará respuesta a las inquietudes que existan”, señala el documento.
Asimismo, manifiesta que el jerarca de Justicia, Gerald Campos, aclaró que el nombre correcto para la iniciativa es “construcciones livianas” y que se encuentra en una etapa de estudio, análisis y búsqueda de opciones con el fin de tomar la decisión que convenga a los intereses del sistema penitenciario y respetando los derechos humanos.
Cabe señalar que la Defensoría también consultó si el director general de Adaptación Social u otras instancias administrativas de dicho Ministerio se asesoraron en diferentes latitudes para obtener información acerca de la puesta en marcha y cómo operan cárceles en las que utilizan carpas para albergar a la población privada de libertad.
Además, solicitó especificar si la institución tiene contemplada, dentro de su portafolio de proyectos de construcción, la creación de cárceles utilizando carpas y, de ser así, efectuar una descripción del plan: en qué lugar se construirían, el presupuesto a utilizar, cómo se incluirían las obras complementarias que se requieren para la operatividad de un centro penitenciario, etc.
“El ministro de Justicia y Paz indicó que, actualmente, se estaba en la fase previa del proyecto, considerando aspectos asociados como estudio de mercado y factibilidades y que como parte de las etapas que se debían desarrollar para su ejecución estaba la inclusión del perfil del proyecto ante Mideplán, para lo cual se hacía necesario finalizar la etapa previa del mismo que les permitiría definir el alcance del proyecto y su estudio económico, entre otros aspectos, los que serían incluidos dentro de la inscripción del proyecto”, detalla la información.
Ante lo mencionado, la entidad defensora procedió a la apertura de una intervención de oficio, por tratarse de una situación que reviste especial interés, en procura de garantizar el efectivo y pleno disfrute de los derechos fundamentales de la población privada de libertad y, sobre todo, considerando que existen estándares internacionales de construcción de centros carcelarios que deben ser cumplidos por la Administración Penitenciaria.
“La realidad de las cárceles muestra una cantidad ilimitada de elementos que inciden de manera negativa en la prestación de los servicios para dicha población.
La privación de libertad es una condición derivada de un proceso jurisdiccional, mediante el cual se genera una consecuencia jurídica, cuya implicación es la pérdida de la libertad para una persona durante un lapso determinado. Esta condición no implica la suspensión de garantías o demás derechos de las personas que se encuentran en dicha circunstancia”, finalizó la Defensoría de los Habitantes.
PRESUPUESTO PARA INICIATIVA
El Gobierno de la República remitió un quinto presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa, el cual incluye ¢2.684 millones para las “cárceles-carpa”, una propuesta impulsada por el Ministerio de Justicia y Paz.
Gerald Campos, jerarca de la cartera, asegura que el plan, que consiste en la implementación de “módulos de baja contención”, ayudaría a solucionar la sobrepoblación de los centros penitenciarios.