Los abogados del Banco Nacional no pueden representar a los funcionarios de esa entidad financiera en procesos judiciales entablados contra ellos, a título personal, con ocasión del ejercicio de sus funciones.
Así lo determinó la Procuraduría General de la República tras una consulta hecha por el gerente general de la institución, Bernardo Alfaro. Se trata del dictamen PGR-C-162-2022.
De acuerdo el abogado del Estado, no existe una norma explícita y clara que dé una autorización en ese sentido. “Tal representación resulta improcedente”, señaló.
El Banco Nacional cuenta con una dirección jurídica, la cual está integrada por abogados especializados en diferentes campos del derecho penal, civil y contencioso administrativo, entre otros. La naturaleza de esos puestos, así como el tipo de funciones que desempeñan, se encuentra prevista en el perfil descriptivo de puestos de la institución.
A criterio de la Procuraduría, los abogados de los entes, órganos y empresas públicas solo pueden realizar una defensa técnica, a favor de los funcionarios de la misma institución, cuando exista una norma que habilite esa posibilidad.
La defensa de los servidores institucionales está establecida en el manual descriptivo de puestos. La representación únicamente se avala en los procesos judiciales en que la entidad bancaria tenga algún interés. Se hace referencia específicamente a casos penales.
“El requisito de una norma jurídica que contemple claramente la posibilidad de que los abogados de planta del Banco Nacional representen a los funcionarios de esa institución (y no solamente a la entidad como tal) en los procesos judiciales entablados contra ellos, no obedece a un simple requerimiento formal, sino a la necesidad de que exista un acto de autoridad que establezca reglas precisas para la actuación administrativa, de manera tal que haya certeza sobre las circunstancias y las condiciones bajo las cuales se va a otorgar esa representación”, advirtió el abogado del Estado.
La Procuraduría también recordó que cuando hay dudas sobre la contratación de abogados externos para la defensa en juicio de funcionarios públicos deben plantearse ante la Contraloría General de la República.
Esto se debe a que es materia de contratación administrativa, relacionada con el manejo de fondos públicos.
Aun así, advierte que han coincidido con los pronunciamientos de ese órgano en el sentido de que una contratación de ese tipo debe estar ligada, de modo indisoluble, con el ejercicio de funciones públicas, pues los recursos del Estado no podrían desviarse para atender un caso que se ubique en la esfera personal y privada del funcionario.