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Durante la fase de alegatos iniciales del juicio conocido como “La Trocha”, el abogado defensor Fernando Apuy cuestionó la exclusión del exministro de Transportes, de apellido Jiménez, de la lista de imputados investigados penalmente.
Apuy representa a Acosta Monte, exdirector ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), uno de los 13 imputados en este proceso judicial por supuestos hechos de corrupción relacionados con el fallido proyecto vial fronterizo.
“El sinsabor que me queda es por qué razón fue eliminado de la lista de allanamientos y detenciones, el nombre del exministro Jiménez, cuando existía un expediente abierto en su contra”, manifestó el abogado en sala.
Según argumentó, ese expediente fue mantenido en secreto durante buena parte del proceso y solo salió a la luz durante la audiencia preliminar.
Añadió que en dicha causa se dictó un sobreseimiento definitivo para altos funcionarios de Casa Presidencial y de la Comisión de Derechos Humanos que habrían estado involucrados en la toma de decisiones sobre el proyecto.
Apuy también señaló que su defendido firmaba resoluciones de pago como parte de sus funciones administrativas, pero no participó en la inspección de facturas, ni en la fijación de tarifas, ni en la autorización de pagos. Sostuvo que no existe prueba alguna de que Acosta Monte haya recibido beneficios económicos a cambio de dichas acciones.
“La acusación se basa únicamente en que don Carlos no revisó con mayor detalle lo que firmaba, según lo planteado por el juez de la audiencia preliminar” dijo el abogado.
El caso “La Trocha” se refiere a una serie de obras ejecutadas con fondos públicos en la zona norte del país durante el 2011, bajo la justificación de una emergencia nacional.
La Fiscalía investiga supuestas irregularidades en contrataciones, pagos y ejecución de obras, que generaron perjuicios al Estado.

