Abogado constitucionalista: “Va a costar bastante demostrar un prevaricato”
Fernando Zamora habló con Grupo Extra sobre la querella contra magistrados
En medio de una tensión entre Poderes calificada por la presidenta de la República, Laura Fernández, como un “golpe de Estado” del Poder Judicial contra el Congreso, el abogado constitucionalista Fernando Zamora analizó las implicaciones legales de la querella por prevaricato presentada contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional.
La mandataria Fernández y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, acudieron a la Secretaría de la Corte para denunciar a los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya, a quienes tildaron de “usurpadores” por prorrogar de forma supuestamente ilegal el nombramiento de magistrados suplentes. Sin embargo, para Zamora, la figura del prevaricato difícilmente encaja en las actuaciones de la Sala IV.
Sin dolo ni hechos falsos
Según explicó Zamora en entrevista con Grupo Extra, el prevaricato no es una simple discrepancia jurídica, sino un tipo penal específico.
“El prevaricato en realidad es cuando usted acusa un tipo penal… en el cual se acusa a un funcionario público o a un juez cuando emite ya sea dictámenes, resoluciones o… fallos o sentencias que están sustentadas básicamente en hechos que sabe que son falsos”, detalló el experto.
Para que este delito se configure, la ley exige que exista una intención deliberada de ir contra la legislación vigente. Al respecto, Zamora fue enfático: “Tiene que estar el dolo presente, o sea, la intención oculta y premeditada de actuar indebidamente sabiendo que se actúa contrario a lo que dice la ley”.
Bajo su análisis, en este caso “difícilmente podríamos hablar de hechos falsos”, lo que debilita la base de la querella oficialista.
Una solución ante el vacío legal
El conflicto se originó cuando la Sala IV ordenó prorrogar los nombramientos de los magistrados suplentes ante la omisión de la Asamblea Legislativa de elegir a los nuevos titulares. Zamora sostiene que los magistrados actuaron bajo una “disposición excepcional y temporal” para evitar la parálisis de la administración de justicia.
La paradoja de la acusación
Uno de los puntos más críticos señalados por Zamora es la contradicción que encierra la propia querella. Si los magistrados no hubieran prorrogado a los suplentes, no habría jueces para tramitar la denuncia contra ellos mismos.
“La curiosidad de la paradoja está en lo siguiente: los acusados son los magistrados de la Sala Constitucional titulares… ellos tienen que abstenerse. Pero entonces, al abstenerse ellos… ¿Quiénes tienen que entrar? Los magistrados suplentes”, señaló Zamora.
El abogado concluyó que, irónicamente, “si la sala no hubiera tomado esa determinación, hubiera sido imposible esta acusación, porque no hubiesen existido magistrados suplentes”.
Aunque Zamora reconoció que el proceso de presentar la querella ante la Secretaría de la Corte es técnicamente correcto, reiteró que el problema de fondo es la falta de sustento para demostrar una resolución dolosa. En sus palabras: “Veo bastante difícil que pueda tenerse por demostrado un prevaricato”.