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El exdiputado Abelino Esquivel irá a juicio por el presunto delito de tráfico de influencias.
La solicitud fue acogida por el Juzgado Penal de Hacienda y por el juez José Pablo León, tras una audiencia que se realizó durante la tarde de este miércoles.
La información la confirmó a DIARIO EXTRA el Ministerio Público una vez finalizada la audiencia respectiva por la investigación que se sigue con el expediente 18-000067-033-PE.
En marzo del 2018, el entonces ministro de Justicia, Marco Feoli, denunció que Esquivel habría solicitado sacar de prisión a un pastor de apellidos Barquero Benavides condenado a 16 años por violación contra una menor de edad con problemas de discapacidad.
De acuerdo con la investigación, al parecer, el excongresista quería que se le diera al pastor libertad condicional o moverlo a un régimen penitenciario semiabierto.
“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que el Juzgado Penal de Hacienda acogió la solicitud para elevar a juicio la causa contra Esquivel Quesada por el presunto delito de tráfico de influencias.
También aceptó la totalidad de la prueba presentada por el Ministerio Público”, señaló la Oficina de Comunicación de la Fiscalía.
INOCENCIA
DIARIO EXTRA conversó con Guido Núñez, abogado de Esquivel, quien consideró que cuentan con los elementos suficientes para demostrar la inocencia del exdiputado.
Núñez manifestó que Esquivel solicitó información considerando que no solo era un funcionario público, sino también diputado que representaba a un conglomerado grupo de personas del sector de Limón.
Según el defensor, la prueba testimonial será clave, por lo que Esquivel está tranquilo y confía en la defensa ante los Tribunales de Justicia.
“Él no pidió que liberaran a nadie, lo que estaba era acudiendo con una ciudadana para que se le explicara de qué forma podrían aplicar para alguna de las formas de cumplimiento de pena distinta a una prisión.
Básicamente se pidió información y no ningún favorecimiento o ayuda, eso que todo mundo pudiera haber hecho”, argumentó.
Será el Tribunal Penal de Hacienda el que defina la fecha para realizar el debate oral y público de la causa que se investiga.