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La ley 9699 establece la responsabilidad penal de la persona jurídica, herramienta legal utilizada por el Ministerio Público.
Esta ley se enfoca en delincuencias específicas que se relacionan con corrupción de personas funcionarias públicas tales como cohecho doméstico, soborno transnacional y otros delitos.
La sociedad anónima que sea hallada culpable de uno de estos delitos se expone a penas que se pueden calificar como sanciones.
La ley establece en todos los delitos, multa de mil hasta diez mil salarios base, salvo para las Pymes a las que se le aplicaría a una multa de treinta a doscientos salarios base.
Pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales de los que goce, por un plazo de tres a diez años.
Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar o participar en concursos o licitaciones públicas o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, por un plazo de tres a diez años.
Inhabilitación para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social, por un plazo de tres a diez años.
Cancelación total o parcial del permiso de operación o funcionamiento, las concesiones o contrataciones obtenidas producto del delito.
Disolución de la persona jurídica, solo si esta hubiera sido creada al único efecto de la comisión del delito, o si la comisión de delitos constituyera su principal actividad.