En poco más de un mes, se cumplirán cinco años de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, y como se advirtió previamente en una publicación en un diario de circulación nacional, hay una deuda pendiente en la aplicación de la ley antes indicada. Por ello, es muy importante poner “las barbas en remojo”, y realizar un análisis crítico de los errores y omisiones cometidas, con la finalidad de corregir y ser proactivos en la aplicación de la ley. Hace poco, vecinos de la zona de Cachí alegaban que “Este martes ocurrió la misma situación, de acuerdo con Mora, la Policía Judicial les comunicó que no podían proceder con la denuncia, si no realizaban la necropsia de los animales intoxicados. Esto los motivó a manifestarse en las calles de la comunidad, con el apoyo de la Fundación Canina de Costa Rica (ACAN)”, indicaba el mismo medio.
Independientemente de la veracidad de lo anterior, es inaceptable que los denunciantes sean quienes sufraguen los costos de las necropsias o valoraciones médico legales de los animales que fueron víctimas de la violencia humana, por lo que se hace urgente que se aporten los medios para la aplicación correcta de la ley.
En los últimos días, se han dado dos noticias importantes, si bien son pequeños pasos, los mismos deben ser valorados de forma positiva: primero, informó el Director del OIJ sobre la creación de una Unidad especializada que investigará los delitos ambientales, siendo que, informa la prensa que: “Esta nueva sección pretende apoyar también los delitos relacionados a la Ley de Bienestar Animal, que según el Organismo, al igual que los otros delitos, no solo tiene efectos ambientales, sino también sociales y económicos, que afectan la base de los recursos de las comunidades locales y tienen como consecuencia el robo del capital natural en el contexto nacional”. Y, en segundo lugar, ante una gestión del suscrito, el Registro Judicial incorporó al sistema de antecedentes penales (SACEJ) las denominaciones de MALTRATO ANIMAL y MUERTE ANIMAL, lo cual considero un paso importante, que permitirá visibilizar la LEY DE BIENESTAR ANIMAL y su aplicación correcta en todas las fases del proceso penal. Será necesario esperar, para ver los resultados de la nueva unidad del OIJ, pero la esperanza es que se cumpla con el principio de tutela judicial efectiva.
*Abogado