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Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) evidencia un ambiente interno altamente riesgoso dentro del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ya que, según advierte el documento, 9 de cada 10 funcionarios aseguran haber presenciado o conocido “actos inaceptables”; sin embargo, estos no denuncian por posibles represalias.
Esta situación, según el propio documento, refleja una cultura organizacional debilitada y con pocas garantías para quienes intentan denunciar irregularidades ya que “los funcionarios incumplían con el deber de denuncia, principalmente por posibles represalias y miedo o temor a que se revele la identidad del denunciante”, esto ante “conductas irregulares, ímprobas, corruptas y fraudulentas”.
La Contraloría concluye que esta desconfianza se debe a la falta de mecanismos confiables, sumado a la percepción de que exponer malas prácticas podría desencadenar represalias directas en el entorno laboral. Esto mantiene un ambiente donde las irregularidades pueden permanecer sin ser investigadas ni reportadas adecuadamente.
Según el análisis, la ausencia de canales anónimos y la discrecionalidad en la confidencialidad profundizan la desprotección y hacen más difícil romper el círculo de silencio institucional.
La Contraloría también advierte que el Conavi opera bajo un sistema de prevención debilitado, donde la información, los procesos y la supervisión no son suficientes para frenar comportamientos indebidos. Esta vulnerabilidad podría facilitar actos de corrupción, especialmente en un ámbito tan sensible como la conservación vial.
“Algunos de los principales riesgos identificados corresponden a la manipulación de información o acciones por parte de funcionarios para beneficio personal, la falsificación de informes de calidad o malversación de fondos en proyectos en complicidad con externos, y la fuga de información que puede exponer a actos de corrupción. En dos de estos riesgos se observó que el control existente es débil y no se evidenció avance en su mitigación”, revela el informe.
El documento resalta que, aunque el Consejo cuenta con herramientas para identificar riesgos, estas no se aplican de manera efectiva ni uniforme. Esto provoca que los riesgos persistan y, en algunos casos, aumenten ante la falta de seguimiento adecuado. La institución no logra demostrar que sus controles estén funcionando como deberían en etapas críticas de planificación, contratación y ejecución.
Otro de los hallazgos relevantes es la fuerte concentración del mercado de conservación vial.
La Contraloría reporta que, en varias líneas analizadas, un número reducido de empresas acapara gran parte de los contratos, lo cual limita la competencia y abre espacio para prácticas anticompetitivas o colusorias.
Entre los principales dueños se encuentran la constructora Hernan Solís, con poco menos del 60% de los contratos y MECO con alrededor del 40%, esto para las adjudicaciones dadas en 2024.
La falta de controles se agrava por la ausencia de estrategias para atraer a más oferentes, esto según el informe, donde se subraya que no hay mecanismos suficientes para evitar barreras injustificadas en los pliegos de condiciones, ni procedimientos formales para prevenir conflictos de interés durante la valoración de ofertas. Esta situación reduce la diversidad de participantes y aumenta la dependencia del Estado respecto a pocas empresas.
“No se determinaron controles acerca de potenciales barreras injustificadas en los pliegos de condiciones, ni una estrategia oficializada que promueva la participación de un mayor número de oferentes. Tampoco se cuenta con procedimientos relacionados con la prevención de conflictos de intereses en el análisis y selección de ofertas”, agrega el documento.
Las advertencias sobre fallas estructurales en la gestión vial no son nuevas, ya que el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) cuenta con auditorias previas sobre el manejo de la información de los contratos.
Gabriela Contreras, vocera de Lanamme, señaló que “el sistema de gestión de información existente no garantiza la recopilación sistemática y estandarizada de toda la información generada producto de los contratos de administradores viales”.
Según dijo, esto afecta la transparencia, la trazabilidad y la capacidad de fiscalización.
Contreras insistió en que corregir estas falencias es urgente para evitar que continúe la toma de decisiones sin datos completos y confiables ya que estas carencias, afirmó, impiden al Conavi planificar adecuadamente y detectar incumplimientos a tiempo.
Por su parte, Sergio Guerrero, ingeniero del LanammeUCR, expuso hallazgos todavía más contundentes sobre el estado físico de obras recientes, ya que alertó que una de las auditorías determinó “la presencia de deterioros prematuros en rutas con menos de 2 años de haberse intervenido”, señalando daños serios en la Ruta 1 y la Ruta 3.
Dichos daños además afectarían a los conductores, ya que “esta condición representa un riesgo por la seguridad vial ya que se presenta una superficie resbaladiza y que propicia el fenómeno de hidroplaneo”.
Jason Pérez
Director a.i. Conavi
“En este momento, estamos llevando a cabo una revisión exhaustiva de dicho informe. En cuanto tengamos un análisis más profundo, emitiremos un pronunciamiento oficial. Por ahora, no contamos con comentarios adicionales, pero estamos comprometidos en abordarlo con la seriedad que merece”.

