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“De cada 100 expedientes, se salvan si acaso 8 o 10. El resto son como un tubo abierto en donde el Estado pierde una gran cantidad de dinero (…) Si entre estos expedientes de menos de ¢50 millones se encuentran tantos prescritos, ¿cómo estarán los que son mayores a ¢50 millones?”.
Eso es lo que dice una denuncia en apariencia redactada por un grupo de funcionarios del área de Cobro del Ministerio de Hacienda. Se presume podrían ser abogados.
DIARIO EXTRA tiene copia del documento enviado a la ministra Rocío Aguilar pidiéndole que intervenga, especialmente por el discurso fiscal que está manejando el Gobierno.
Este medio solicitó a Hacienda las estadísticas sobre cobros y embargos, pero no hubo respuesta tras dos días de espera.
Se quería cotejar si lo dicho por los denunciantes es cierto, en el sentido de que la administración no sabe ni cuántos cobros se hacen y menos cuántos casos están abiertos.
Otro punto es que los casos “millonarios”, es decir superiores a los ¢50 millones, según ellos están en manos solo de dos abogados, a los que apodan “los protegidos”.
“Ante la insistencia y no se sabe por qué otro motivo, hasta hace 15 días comenzaron a repartir 50 o 100 expedientes inferiores a los ¢50 millones a otros abogados con más años de experiencia, nombrados en propiedad y con más estudios”, dice el texto, dando a entender que los de menor experiencia tienen los más grandes.
Hay funcionarios molestos porque dicen no tener competencia para firmar resoluciones de incobrables y que los obligan, a pesar de que eso no es parte de sus funciones en el “manual de puestos”.
“Se están apoyando en la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, sin considerar que ni siquiera ha sido reglamentada y no puede ser usada a poquitos, según convenga”, dice la denuncia.
1.500 EXPEDIENTES
POR ABOGADO
Agregan: “Los expedientes revisados en estas últimas dos semanas significan millones de millones de colones prescritos”.
Adicionalmente, indican que cada abogado tiene a su cargo “1.500 expedientes”.
En la acusación arremeten contra la directora general de Hacienda, Priscilla Piedra, y señalan que no atiende sus quejas ni se involucra directamente con el departamento. “Prometió cinco abogados, lo cual nunca ocurrió”, recalcan.
El documento señala que los abogados no tienen claridad sobre sus funciones y que Piedra nunca llega, cuando lo hace no habla con el personal para la emisión de directrices.
¿MALVERSACIÓN?
También denuncian falta de controles en casos de embargo y adeudos judiciales, al punto que hablan hasta de posible “malversación”.
La nota cuenta con el recibido del despacho de la Ministra de Hacienda el 4 de julio del presente año.
Según dicen, los casos que se anuncian de embargos y cobros en los medios de comunicación no son más que propaganda porque en los últimos cuatro años se hizo poco en esa materia y tienen cómo probarlo.
Aseguran que hay poco trabajo acumulado en las oficinas de las jefas de adeudos estatales, lo que demuestra que esos puestos “no son necesarios” y hay una funcionaria que tiene tres meses de no hacer “nada”.
EMBARGOS A DIESTRA Y SINIESTRA
También afirman que se han hecho embargos y levantamientos a “diestra y siniestra”, y “los protegidos” no tendrían autorización para hacer cobros, lo que expondría a Hacienda a eventuales demandas por daños y perjuicios.
Concluyen que todos los abogados estaban autorizados a firmar y levantar embargos, lo cual es “sumamente peligroso y preocupante”.
Esta es la misma área de la que se desaparecieron 7 mil expedientes de cobro judicial, que concluyó con la suspensión de varias jefaturas.