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Luego de seis años de investigaciones, para la Fiscalía General lo que se dio en el fallido proyecto de la nueva refinería de Moín fue una sustracción de $70 millones por parte de nueve personas que estaban en la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco).
Para llegar a esta conclusión, la Fiscalía Adjunta de Transparencia, Probidad y Anticorrupción solicitó y se le aprobó el levantamiento del secreto bancario a Soresco. De acuerdo con lo externado por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, se pudo determinar una posible administración fraudulenta y sustracción de fondos. Agregó que se involucró fondos públicos, debido a que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), como contraparte de Soresco, puso una partida de $50 millones.
Los otros $50 millones fueron aportados por la Corporación Nacional de Petróleo de China, que era la representación china integrante de Soresco.
Adujo que el levantamiento del secreto bancario y de otras diligencias de la Fiscalía de Probidad empezaron desde hace un año, lo cual les permitió ligar la presunta responsabilidad de estas nueve personas en los hechos.
“Después de un año de investigación de esta causa, que se abrió desde el 2012, logramos recabar pruebas. Esto fue posible gracias a una orden de levantamiento de secreto bancario mediante lo cual se pudo determinar la posible responsabilidad de las nueve personas en los hechos que se investigan”, recalcó Navas Aparicio.
En este sentido, la fiscal general externó que: “se trata de una posible administración fraudulenta y sustracción de fondos de Recope a la hora de crear una sociedad con una empresa de la República de China. Pese a que esta fue constituida para, arreglar las instalaciones de Recope en Moín y ponerlas a funcionar, los dineros puestos por el Estado fueron sustraídos por estas personas y nunca se llevó a cabo el objetivo”.
PRIMEROS 5 DETENIDOS
Este martes, en horas de la mañana fueron detenidos 5 personas que laboran en Soresco, a quienes se les investiga por el presunto delito de peculado.
Las personas detenidas son José Manuel Trejos Gómez, José Rubén Naranjo Sánchez, Anthony Edward Earle, William Ulate Padget y Xu Fang, esta última de nacionalidad china.
Los imputados son empleados de la empresa Soresco y fueron detenidos esta mañana en las afueras de sus casas, ubicadas, respectivamente en Escazú, Barva de Heredia, Curridabat y Montes de Oca. Xu Fang fue detenida en el sector de Lindora, frente a un colegio.
Los cinco sospechoso estaban en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del Primer Circuito Judicial de San José y la Fiscalía estaba a la espera de que se les tomara la respectiva declaración indagatoria, en el que van a solicitar medidas cautelares que no fueron adelantadas.
Además, la Fiscalía espera la detención de cuatro funcionarios más, dos ticos y dos chinos, aunque Navas declinó a dar los nombres o apellidos para no entorpecer el proceso.
La investigación de este caso fue reactivada a finales del año anterior con la llegada de la fiscala general, quien ordenó la revisión de decenas de expedientes, algunos desestimados y otros, como el caso de “Recope-Soresco”, que se encontraba desde el 2012, sin resultado alguno.
DIARIO EXTRA le consultó si dentro de las personas pendientes de aprehender estaba el actual presidente ejecutivo de Recope, Alejandro Muñoz, quien formó parte de la junta directiva de dicha sociedad en la administración anterior. Ante la consulta Navas respondió: “Les agradeceré su comprensión pues como en este momento el OIJ los está buscando, por razones de tener éxito en las diligencias, no les puedo dar nombres”. Agregó: “La investigación no se detiene con la detención e indagatoria de estas personas, por lo que no puedo decirle cuáles diligencias vamos a continuar haciendo”.
¿CÓMO OPERABAN?
Sobre este punto, Navas recordó que Soresco fue conformada por Recope y la CNPC y cada empresa aportó $50 millones para un capital total de $100 millones. El objetivo era arreglar y poner a funcionar las instalaciones de refinería de Recope en Moín “pero en ningún momento se hicieron los trabajos en las instalaciones”.
“Lo que se hizo fue sustraer no solo los $50 millones, sino otro tanto más que llega hasta $70 millones en beneficio propio. Ellos manejaban las cuentas bancarias en donde estaba depositado el dinero estatal. Lo que hicieron no solo fue viajes de trabajo sino de placer, capacitación, alojamiento, uso de vehículos sin justificación, gastos en obtención de pasaportes y gastos varios que pagaban con el dinero de las cuentas del Estados”, afirmó Navas.
Reconoció que había otras personas que figuraban como sospechosas para la Fiscalía, “pero la prueba, seis años después no nos permite establecer su presunta responsabilidad”.
AÑOS SIN PROSPERAR
El proyecto de la nueva refinería con China surgió tras el establecimiento de relaciones comerciales entre Costa Rica y la República Popular China que se gestó en el gobierno de Óscar Arias en el 2007, cuando se suscribió un convenio marco entre CNPC y Recope, y fue en la administración de Laura Chinchilla, en el periodo 2010-2014 que la iniciativa siguió con una serie de estudios de factibilidad.
En el 2014, Recope presenta una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por considerar, entre otros, que la entidad fiscalizadora se extralimitó en sus funciones al prohibir el uso de dicho estudio. Mientras que, en agosto del 2015, la administración de Luis Guillermo Solís, retiró la demanda.
En el 2016, la junta directiva de Recope tomó la decisión de ya no seguir con el proyecto y a buscar la disolución de la sociedad, aspecto que ha sido imposible hasta la actualidad, con lo cual sigue gastando millones de dólares en salarios.