826 rutas de buses trabajan sin concesión

Luego de revelar deficiencias en el Consejo de Transporte Público (CTP) y la regulación que ejerce sobre la efectividad de los buses en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes reveló que de las 848 rutas solamente 22 cuentan con un contrato de concesión. “Tras una revisión de los datos abiertos de la página web […]

Lic. Juan de Dios Blanco Fonseca

Luego de revelar deficiencias en el Consejo de Transporte Público (CTP) y la regulación que ejerce sobre la efectividad de los buses en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes reveló que de las 848 rutas solamente 22 cuentan con un contrato de concesión.

“Tras una revisión de los datos abiertos de la página web del Consejo, al 27 de octubre de 2023 de las 848 rutas existentes se registraban únicamente 22 rutas concesionadas con contrato de refrendo (7.6%) y el resto de rutas estaban pendientes de finalizar ese proceso en condición de permisionario o no se conoce la condición legal (92.4%), lo que evidencia esa lentitud del CTP para la firma de contratos”, señalaron.

Ante esto, DIARIO EXTRA consultó con Bernal Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Autobuseros, cómo tomaba el sector estos hallazgos de la Defensoría y señaló que existe una urgencia para hacer cambios profundos en aras de la modernización.

“El informe de la Defensoría más allá de evidenciar lo que ocurre, pone de manifiesto la necesidad de pensar una nueva institucionalidad para el transporte, pues este es un sector estratégico para el desarrollo económico y es, además, un mecanismo excepcional para la distribución de la riqueza y generación de oportunidades.

Por tanto, se hace urgente pensar en una nueva institución que logre promover la modernización y desarrolle los incentivos para empresas y usuarios donde la ejecución de la política pública se ejecute desde lo técnico en apego a la ciencia y la técnica”, agregó.

La Defensoría consideró que entre enero y setiembre de 2023 solo cuatro expedientes para el trámite de refrendo se enviaron a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, así como que lograron evidenciar que las anomalías no eran un fenómeno nuevo.