Ocho de 10 diez denuncias penales en Costa Rica nunca llegan a juicio debido a debilidades en los procesos judiciales, lo que incrementa la percepción de impunidad y mina la confianza ciudadana.
Así lo advierte el Informe Estado de la Justicia 2025, elaborado por el Programa Estado de la Nación, el cual revela que entre un 70% y un 80% de los casos son desestimados o archivados en la etapa preliminar.
Solo el 20% logra avanzar hasta una acusación formal y enfrentar juicio.
“Esta situación se explica por diversos factores: sobrecarga de trabajo, falta de peritajes, debilidades en la recolección de pruebas y un modelo penal que concentra decisiones en una etapa inicial altamente discrecional. Recalca que las personas usuarias, en especial víctimas de violencia sexual o de género, enfrentan procesos lentos, sin asesoría legal adecuada ni acompañamiento integral”, explicó Evelyn Villarreal, coordinadora de investigación.
Sobre este tema, el fiscal general de la República Carlo Díaz aseguró en una entrevista con Grupo Extra que existían problemas dentro del sistema judicial a los que se deben enfrentar para no frenar el avance satisfactorio de las investigaciones.
“Somos autocríticos y día a día nosotros tratamos de mejorar, nuestras investigaciones son más expeditas, hemos ido sacando los casos grandes, aunque haya trabas que el mismo sistema nos pone”, subrayó.
Diario Extra intentó obtener el criterio de varios abogados penalistas, pero indicaron que no se referirían hasta conocer el documento. Tampoco fue posible ampliar con Díaz.
Otros hallazgos
Solo de los 20% enfrenta juicio.
Por otra parte, el estudio retrata un Poder Judicial con mejoras presupuestarias y en dotación de personal, pero aún limitado por rezagos estructurales, centralismo en la toma de decisiones y una creciente vulnerabilidad ante el auge de la criminalidad.
En los últimos tres años se logró mejorar la relación de jueces por habitante.
La mayoría de los recursos se ha dirigido específicamente a la materia penal y a la jurisdicción de delincuencia organizada; no obstante, se han dejado rezagadas otras áreas.
En cuanto al régimen disciplinario, solo el 7% de las denuncias internas termina en sanción, lo que evidencia, según el estudio, una débil capacidad para corregir fallas y prevenir actos de corrupción.
La falta de autonomía de la Inspección Judicial y los cuellos de botella en Corte Plena dificultan una respuesta oportuna.
Del documento se desprende que la estructura de decisión se mantiene excesivamente centralizada en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior, órganos enfocados en tareas administrativas y poco permeables a reformas de fondo.
Además, el documento advierte sobre el creciente desgaste institucional
reflejado en indicadores internacionales de estado de derecho, democracia y justicia.
En paralelo, aumentan las manifestaciones ciudadanas contra la Sala Constitucional y el Ministerio Público, así como los ataques virulentos en redes sociales, lo que agrava la desconfianza hacia el Poder Judicial.
Orlando Aguirre
Presidente de la
Corte Suprema
“El estudio también plantea áreas de mejora, y quiero ser claro: los cambios ya están en marcha. Estamos reduciendo el rezago judicial. Hemos impulsado reformas penales ante la Asamblea Legislativa y seguimos trabajando para mejorar cada día”.
