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Poco más de 75 mil denuncias por presuntos abusos contra más de 125 mil niños, niñas y adolescentes relacionadas con maltrato físico, negligencia, abuso emocional, abuso sexual y otras violaciones a sus derechos, quedaron sin atender en 2024.
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) indicó que ese año se recibieron poco más de 94 mil reportes, pero solo cerca de 18 mil fueron atendidos de forma inmediata.
Entre el 1 de enero y el 23 de junio del 2025, se recibieron más de 45 mil denuncias generales.
A estas se suman otras 60 mil denuncias relacionadas con personas menores de edad, lo que eleva la cifra total de más de 106 mil casos reportados durante ese periodo.
No obstante, no indicaron cuantas fueron atendidas y cuantas quedaron sin resolver.
Dada la situación, Ovidio Fernández, secretario general del Sindicato de Empleados del PANI (SEPI), se refirió al tema y señaló que existe una mala atención de denuncias, incluso con casos documentados que demuestran esta deficiencia.
“Un estudio técnico realizado entre 2018 y 2019 determinó que el PANI requiere al menos 82 oficinas locales a nivel nacional. Hoy, en 2025, apenas operan 58, incluyendo Matina y la próxima en El Guarco, Cartago. Esto significa que el PANI trabaja apenas con un 60% de la cobertura necesaria, lo que se traduce en una sobrecarga laboral brutal e insostenible para sus funcionarios”
Además, el sindicalista agregó que no hay capacidad humana posible para atender tantas denuncias de forma oportuna y con calidad.
“Se necesitan más oficinas, más personal y más inversión para garantizar el derecho de las personas menores de edad. También hay un estudio vigente de tiempos y movimientos que establece un rango adecuado de 45-46 expedientes por profesional al mes. Hoy tenemos funcionarios con 400 o hasta 600 casos”.
Por último, agregó que el personal no trabaja con la carga que establece el estándar, sino más bien con una enorme sobrecarga laboral lo que vulnera gravemente el principio del interés superior del niño, que debería ser la guía de toda política pública en niñez.
Cuestiona gestión
La agrupación además lanzó cuestionamientos a la gestión de la presidenta ejecutiva del patronato, Kennly Garza.
“Si bien reconocemos sus intenciones, la presidenta ejecutiva no ha logrado incidir con fuerza en el Gobierno Central, esto a pesar de su presencia en el Consejo de Gobierno, para traducir estos diagnósticos en cambios reales. Por ello, la capacidad del patronato para atender, proteger y garantizar derechos continúa deteriorándose. En términos generales, su gestión no alcanza un resultado porcentualmente favorable”, expresó el secretario general.
Por su parte, Kennly Garza aseguró que uno de los objetivos antes de finalizar la administración Chaves Robles, es la regularización del horario de las personas que trabajan en los albergues del patronato para brindar una atención más efectiva.
Incumplimiento de horario
Por otra parte, en entrevista con Diario Extra, la jerarca admitió que dentro de la institución existen funcionarios que exceden ampliamente su jornada laboral, llegando a trabajar hasta 168 horas semanales sin recibir relevo.
Si bien la presidenta ejecutiva no detalló si esta situación se presenta en todos los centros, sí confirmó que hay funcionarios que laboran en jornadas continuas de 24 horas durante siete días seguidos, e incluso en algunos casos, hasta 11 días sin recibir relevo, lo cual evidencia una seria problemática en la distribución y rotación del personal.
“Actualmente el personal trabaja 24/7 y eso no está bien bajo ninguna óptica. Después de casi 21 años de historia, me alegra poder contar que el Estado, en este caso el Patronato, ha trabajado con otros actores y lograremos regularizar el horario de estas personas”, declaró Garza.
Según explicó la jueza laboral Brenda Calvo, la legislación costarricense no contempla jornadas de esa magnitud para funcionarios públicos y cualquier régimen de este tipo carece de sustento legal.
“El Código de Trabajo aplica tanto al sector público como privado. Para que una persona pueda trabajar más allá de las jornadas ordinarias debe existir una ley específica que lo autorice, como ocurre con los cuerpos policiales o los bomberos”, indicó Calvo.
Kennly Garza
Presidenta PANI
“No se trata de tener más albergues, sino de garantizar que los niños que actualmente están en ellos cuenten con la cantidad idónea de personal de cuido en los tres horarios, lo cual supone una mejoría en la atención de los albergues”.
