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Alrededor de 73 mil micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) operarían al margen de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio, dijo que hay 60 mil empresas inscritas ante la CCSS, contra 133 mil que registra el parque empresarial vía patentes.
A criterio de la jerarca esto es un claro reflejo de cómo podría andar la informalidad, aunque no existe un dato preciso.
Frente a este escenario, se ha habilitado por única vez la posibilidad de que aquellas que lo deseen puedan inscribirse ante la CCSS, pagando una cuota escalonada.
Román Macaya, presidente de la Caja, explicó que esto es una medida temporal que solo se aplicará por cuatro años y se regulará vía reglamento.
Las mipymes que pueden participar son aquellas que nunca se han inscrito ante la CCSS y las que estuvieron inactivas en los últimos 12 meses previos a la entrada del reglamento.
La expectativa de Macaya es quienes deseen puedan comenzar el proceso de inscripción a partir de octubre. El reglamento entrará a regir un mes después de que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Según la ministra de Economía, aumentar la cobertura contributiva y fomentar la formalización de estas forma parte de la reactivación, dado que un 81% del parque empresarial está constituido por microempresas.
Sin embargo, dada la coyuntura habría que ver si este es el momento de poner un proyecto como ese en marcha, debido a la falta de liquidez de muchas de estas pequeñas empresas.
“Por cada empresa grande hay 38 pymes entendidas como micro. pequeña y mediana y por cada dos empleos en empresa grande hay uno en la pyme”, explicó Hernández.
El reglamento va a permitir a este tipo de compañías participar de forma diferente en compras públicas del Estado, un pago diferenciado ante el Ministerio de Salud y participar en programas de emprendimiento.
Además acceder a los fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo, exoneraciones en el pago del Impuesto de la Renta, según lo dispuesto en la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“De esa formalidad dependen los ingresos de la CCSS y nos asegura que estamos protegiendo a la población en riesgo de salud cotizando para una futura pensión”, recalcó Macaya.
No pueden participar las que tengan una investigación abierta o deuda con la CCSS o el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf). Además, deben tener solo cinco empleados y una cuenta bancaria.
Lo único que deben hacer es acercarse a la CCSS, decir que van a inscribirse por primera vez y quieren aplicar por el sistema de base contributiva diferenciada patrono-trabajador.
El beneficio se dará solo por cuatro años y el quinto empiezan a pagar como cualquier otra compañía (ver recuadro).