7 de cada 10 empresas califican al país como inseguro

Siete de cada 10 empresas calificaron al país como inseguro o muy inseguro.

Así lo señala un estudio de Expectativas Empresariales de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

Otro de los efectos de la situación que atraviesa el país es que más del 67 % de las compañías encuestadas han tenido que realizar inversiones en seguridad para sus instalaciones, así como reforzar sus sistemas cibernéticos para evitar ataques que comprometan sus actividades productivas.

Además, reportaron haber sufrido robos en sus instalaciones o de mercadería. De igual forma, cerca del 50 % de los colaboradores han sido víctimas de asaltos o agresiones físicas durante los trayectos desde sus casas hacia el trabajo, o viceversa.

Ante este panorama, algunas empresas indicaron que trabajadores han renunciado por temor a la violencia a la que están expuestos durante sus desplazamientos laborales. 

“Los resultados reflejan consecuencias que impactan directamente a las empresas y a sus colaboradores. Muestran con claridad que la inseguridad ya no es solo un tema de preocupación social, sino que empieza a afectar directamente la operación, la logística, el acceso al talento y los costos de las empresas. Esto tiene un efecto negativo sobre la competitividad”, comentó Sergio Capón, presidente de la Cámara. 

Afectaciones Directas 

Las empresas reportaron que han sufrido de las siguientes situaciones:

– Robo en las instalaciones.

– Robo de contenedores o camiones.

– Ciberataques

Por parte de los empleados: 

– Asaltos y agresión física en el trayecto de viaje al trabajo.

– Robos en propiedades de los colaboradores.

– Amenazas por deudas de préstamos “gota a gota”.

Sergio Capón

Presidente de la CICR

“Como país, sector privado, gobierno e instituciones debemos articular esfuerzos para abordar la inseguridad de manera integral, conjunta, y como una prioridad nacional”.

Mario Zamora

Ministro de Seguridad

“En casos de robo a edificaciones, por vía ordinaria, el juicio tiende a durar 5 años y mientras, estos infractores siguen cometiendo sus ilícitos. Lo cual dificulta la justicia rápida y efectiva”.